México refrendó su compromiso de garantizar la máxima protección de las personas trabajadoras en minería, con la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una medida que es recibida con emoción desde el organismo.
El pasado miércoles 19 de noviembre, el Senado de la República ratificó el Convenio con el marco legal mínimo para la protección de los trabajadores del sector minero. Si bien, aún falta que la solicitud sea presentada formalmente ante la OIT, la medida ya es celebrada por la Organización.
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“El sector de minería está presente en casi todos los países, sabemos que genera riesgos, independientemente de si es a cielo abierto o subterráneo, es muy amplio”, comparte Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina País de la OIT para México y Cuba, quien destaca, “México es un actor muy relevante en términos minerales críticos”.
Entre cobre, plata, grafito y litio, el directivo enlista algunos de los minerales de gran producción en el país, y que reitera, son muy importantes, también en materia de transición energética. “Sabemos que esos minerales son muy importantes para la tecnología de energía renovable, infraestructura energética limpia, todo eso abona a una economía más verde”.
No obstante, agrega que para que eso ocurra es necesario que el sector esté acompañado de normas sólidas en materia de salud y seguridad en el trabajo, ya que es uno de los puntos más importantes en esa producción. “Nos da mucha alegría, porque coincide con lo que estamos haciendo con la Oficina”, enuncia.
¿Qué significa la ratificación del Convenio 176?
Pedro Américo Furtado asegura que la ratificación del Convenio 176 es un reconocimiento de la importancia que tiene la OIT para el país; “dentro del contexto en donde se está cuestionando el multilateralismo, México con esta iniciativa refuerza este reconocimiento de las estructuras internacionales”, dice.
Alude que, en materia laboral, el Convenio se alinea a todo lo que ya se está tratando de implementar con la reforma laboral, la cual está “tratando de clasificar y fortalecer los procesos productivos de las empresas en un contexto en donde México tienen cada vez más presencia en comercial internacional”, indica.
“Ratificar este Convenio demuestra un compromiso del Estado mexicano, no solo con las normas internacionales, sino con la propia ciudadanía y trabajadores de un sector que sabemos, tiene un riesgo alto. Nos da mucha alegría. Vamos a ver cómo podemos colaborar”, puntualiza.
Sobre ese punto, dice que la ratificación se adecúa al trabajo que como Oficina de la OIT han realizado en el país, a través de un proyecto junto a la Cámara Minera de México (Caminmex), a quienes les brindan acompañamiento técnico.
Además, comparte que trabajan también con la Secretaría de Gobernación y la de Economía en un plan de acción de derechos humanos donde la norma internacional podría ser un buen apoyo para ayudar a sectores productivos que necesitan “ajustarse”, y con medidas que, en lo posible, fortalezcan las inspecciones.
Minería artesanal, el reto de la regulación
Reconoce que ya “hay un marco normativo claro”, pero con un modelo de inspección que requiere ajustes, pues falta “una extensión de la competencia de inspección laboral federal en minería” que se coordine con las estructuras estatales para garantizar mejores revisiones. “Tendríamos que ver cómo pulir mejor este proceso”, especialmente con la minería artesanal.
“La cámara minera seguramente está preocupada por el sector informal que está alrededor de sus procesos” ya que, reconoce, está presente en muchos espacios y se traduce en violaciones a derechos humanos, en muchos casos, por “mano de obra fluctuante”; es decir, trabajadores mineros que están en ciertas zonas solo por temporadas.
“Hay sectores o lugares en donde un grupo grande de mano de obra va a otro lugar a buscar oro, plata, esmeralda, diamantes. Son personas que vienen de otras partes el país”, pero añade, esto induce a la explotación sexual infantil debido a la llegada de hombres adultos, sin familias, y lejos de sus comunidades.
Sobre ello, apunta que, aunque “muchas empresas han sido muy responsables en intentar fortalecer esas comunidades, evitar que estén en alguna vulnerabilidad por cuenta de mano de obra fluctuante”, aún hay pendientes por atender y que los efectos de la ratificación del Convenio podrían subsanar.
Declara que la construcción civil es un sector importante y clave dentro de la regulación del trabajo en minas, ya que utilizan elementos y recursos para su operación sin un proceso que garantice, la producción de estos “fue un proceso formal, seguro, sano, sin explotación laboral”.
“Tendremos que ver de qué manera la minería artesanal podría también beneficiarse”, ya que, expone, el sector no está vinculado con la minería formal, pero sí con su cadena de valor. “Básicamente lo que queremos es que sean trabajos seguros, que los trabajadores puedan regresar a sus casas vivos, sanos”, acota.
Adicionalmente, subraya que esta también es una oportunidad para empoderar y mejorar el trabajo de los sindicatos, en aras de ampliar mecanismos de sus contratos colectivos y representación para “garantizar una participación en procesos donde los propios trabajadores identifiquen los riesgos en los que están porque muchos ya saben, pero tienen miedo de informar a sus supervisores.
¿Cómo participa la OIT cuando se ratifica un Convenio?
Respecto a la ratificación de los Convenios celebrados por México, Pedro Américo Furtado detalla que una vez que el país presenta su ratificación, la OIT revisa y tras la aprobación, continua su proceso de entrada en vigor, en el caso del C-176, será 12 meses después del depósito.
Ya vigente sigue “un calendario de rendición de cuentas sobre cómo se está cumpliendo, conocido como Memorias”, explica. Se trata de un conjunto de información de todo el país sobre el tema que aborda el Convenio, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es la responsable de realizarlo y presentarlo.
Posteriormente, las Memorias son discutidas y validadas por las cámaras de empresarios y sindicatos de trabajadores “para validar, corregir, agregar” datos, comenta Furtado de Oliveira, quien reconoce, se trata de un “proceso bastante largo” que es presentado cada año a la OIT, y revisado por un grupo independiente que lo analiza y realiza comentarios sobre el cumplimiento que sirven como sugerencias para el país.
En tanto, la Oficina de la OIT apoya al gobierno para evaluar, hacer estudios, recopilar información y analizar la legislación con el fin de emitir sugerencias o posibles modificaciones que podrían realizarse, además las cámaras empresariales y sindicatos también pueden requerir ayuda y en esa línea, se la brindan.
“Como oficina no monitoreamos ni supervisamos cómo se implementan los convenios que ratifican, lo que sí hacemos es buscar iniciativas, talleres, formación, capacitación, intervenciones para diseñar las políticas públicas que van a permitir implementar los convenios por los tres: gobierno, empresas y sindicatos”, señala.
En cuanto al Convenio 176, reconoce que no han hecho un estudio para ver de qué manera se va a adecuar la norma mexicana o si requerirá alguna política pública o ajuste legislativo, pero deja ver que más allá de alguna modificación, la ratificación no cambia en esencia las normas existentes, porque “México ya tiene una cultura en prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales”.
Cortesía de El Economista
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