Con el aval de todos los partidos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para blindar a los sindicatos de los trabajadores del Estado de cualquier injerencias externa y gubernamental.
Al emitirse 406 votos a favor, las y los diputados aprobaron el proyecto enviado por el Senado que adiciona un artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional y se adiciona un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Lo anterior para reforzar la autonomía sindical en la ley, en especifico, para establecer que estos sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas de los sindicatos.
De lo contrario, será considerada falta administrativa grave y deberá sancionarse en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.
De igual forma se detalló que se entenderán como acto de injerencia sindical, entre otras cosas, cuando se trate de coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical.
Así como obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo; condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical; negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical.
Además, utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical.
Un parteaguas
Al presentar el dictamen, la diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) resaltó que “hoy se abre un parteaguas para la garantía y progresividad de los derechos laborales de las personas trabajadoras al servicio del Estado al salvaguardar el derecho a la libre sindicación y elevar la autonomía sindical a rango de ley, blindándola de injerencias perniciosas y corruptas”.
Incluso dijo que con esta ley se incorpora de manera clara y decidida la injerencia sindical como una conducta que se aleja de la honestidad y probidad que deben observar las personas servidoras públicas.
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Mientras que el diputado Pedro Haces Barba (Morena), y líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), defendió que con esta reforma se va a cuidar a los sindicatos, para que no se metan “los gobiernos, los gobernadores, los funcionarios, que no metan las manos en los procesos de la libertad sindical”.
Sostuvo que los sindicatos son autónomos, por lo que no tienen ningún funcionario por qué meterse, “como se ha venido haciendo desde hace muchas décadas, no es de ahora, desde hace muchas décadas, que los gobernadores, los directores, los secretarios se meten en la autonomía sindical”.
Añadió que “sin duda estas reformas son un gran paso para garantizar que los trabajadores disfruten de elecciones sindicales con voto personal, libre, directo y secreto; también que haya paridad de género en la integración de sus dirigencias y la obligación de rendición de cuentas sobre el uso de cuotas y patrimonio”.
Cortesía de El Economista
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