Durante décadas, los casos emblemáticos en materia de competencia económica se concentraron en sectores relativamente estables, como el acero, la energía, el transporte o las telecomunicaciones. Eran industrias con tecnología conocida y estructuras duraderas, que permitían aplicar de manera razonablemente predecible las herramientas del antitrust.
Ahora, el centro de gravedad se ha desplazado hacia las plataformas digitales. En ellas, la tecnología, los modelos de negocio y el comportamiento de los usuarios cambian con rapidez. La reciente decisión de un juez federal en Estados Unidos de rechazar la demanda por monopolización que la Federal Trade Commission (FTC) presentó contra Meta es un ejemplo de los retos que plantea este nuevo entorno.
La FTC argumentó que Meta ejercía poder de mercado en un segmento definido como “servicios de redes sociales personales” y que ese poder se había consolidado, entre otros factores, mediante la adquisición de Instagram y WhatsApp. El juez concluyó que no se acreditó que Meta conservara, en las condiciones actuales, un poder de mercado suficiente para sostener la acusación.
Probablemente, el elemento central de la decisión del juez fue el mercado relevante propuesto por la demandante, que defendió la existencia de un mercado estrecho e ignoró la presencia de plataformas alternativas que podían ejercer presión competitiva sobre los negocios de Meta. En plataformas digitales, definir el mercado relevante es una tarea exigente, pues un mismo servicio atiende a distintos grupos de usuarios —personas, anunciantes, creadores de contenido— y el valor para cada grupo depende del tamaño y composición de los demás y de la manera en que esas demandas se relacionan entre sí.
Se ha criticado la estrategia de la FTC, que en lugar de impugnar las concentraciones pasadas (algo de por sí difícil), optó por construir un caso de monopolización con un estándar probatorio más elevado, pues exige demostrar una afectación a las condiciones de competencia efectiva y requiere diseñar escenarios contrafactuales más robustos. Particularmente, requiere una definición sólida del mercado relevante, identificar una afectación significativa al mercado y demostrar que una posible desinversión mejoraría las condiciones competitivas.
Probar dominancia en mercados digitales requiere algo más que citar participaciones de mercado. La entrada de nuevos competidores y la innovación pueden alterar con rapidez la posición relativa de las empresas y dificultan la tarea de anticipar escenarios competitivos.
En este contexto, las autoridades libran una carrera contra el tiempo. Pueden transcurrir años desde el inicio de una investigación hasta su conclusión. Las investigaciones de dominancia se construyen sobre hechos pasados. Cuando se toma la decisión, el mercado pudo haber cambiado, de modo que los posibles remedios se vuelven obsoletos y existe el riesgo de dictar medidas para un mercado que ya no opera bajo las mismas condiciones.
Lo anterior no significa que las autoridades deban abandonar sus responsabilidades de investigación en estos mercados. Simplemente refleja una mayor complicación para postular teorías de daño y someterlas al escrutinio de los tribunales. Ese proceso de prueba y error es parte de la adaptación institucional a una economía distinta de aquella para la cual se diseñaron las herramientas originales del antitrust.
En los próximos años, la expansión de la inteligencia artificial añadirá nuevos elementos a esta complejidad. La integración de modelos generativos y asistentes en buscadores, redes sociales y otros servicios digitales redefinirá la forma en que compiten las plataformas y la manera en que los usuarios interactúan con ellas. Las fuentes de ventaja competitiva y, con ellas, los parámetros relevantes para evaluar poder de mercado, se modificarán sustancialmente, lo que hará que los retos regulatorios sean mayores. Para las autoridades, el desafío será ajustar sus herramientas sin renunciar a su objetivo central: preservar el proceso competitivo en mercados que cambian con rapidez.
*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.
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Cortesía de El Economista
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