La ley recientemente aprobada contra la extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, pero requiere que se dote de recursos económicos e infraestructura para echarla andar, demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
A través de su presidente Juan José Sierra, el organismo privado consideró que dotar a las autoridades de presupuesto, permitiría convertirla en una herramienta efectiva para proteger a las MiPymes.
A través de #DataCOPARMEX, confirmó que el 12.8% de sus Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%).
“Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”, detalló.
El organismo empresarial advierte que dicho escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, pues el 49.5% de las empresas pertenecientes a la Coparmex considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse.
“Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”, expuso.
Por ello, los empresarios exigieron al gobierno garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación, capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
Además, urge sensibilizar a gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar “un delito que hoy avanza sin límites”.
Como parte de los recursos demandados, es relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles.
Desde la Confederación se ha reiterado muchas de las extorsiones se originan en estos espacios, por lo que esta disposición es indispensable para cortar una fuente de intimidación y daño económico.
Cortesía de El Economista
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