La Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, cuyos documentos fueron modificados en días pasados ante las demandas de organizaciones campesinas.
El proyecto de dictamen, que se prevé sea analizado el miércoles por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y el jueves por el pleno de San Lázaro, prevé incorporar al menos 50 modificaciones esenciales al proyecto original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dichas modificaciones, se indicó, buscan dar claridad a las principales preocupaciones del sector agrícola, tales como la herencia de los títulos de concesión y el uso agropecuario del agua.
Unos de esos cambios fue el agregar, a la Ley General de Aguas, en su artículo 3, la fracción LIII BIS para establecer el término “Uso Agropecuario Familiar”, que se refiere al sistema de producción que incluye actividades agrícolas y pecuarias, cuyo objetivo es el sostenimiento familiar.
Mientras que se cambió por completo el artículo 49, para precisar que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.
Es decir, en caso de que se transfiera, venda, herede o se intercambie un terreno, los volúmenes y uso del agua quedarán igual que a la hora de ser adquiridos, más cuando se trate de actividades primarias de uso agrícola y pecuario. Esta fue una de las principales demandas de los agricultores y según lo planteado en las modificaciones, se busca evitar una posible ambigüedad o laguna legal en la aplicación de la concesión y permitir la continuidad de las actividades productivas.
Y es que la propuesta original de la presidenta Sheinbaum advertía que los volúmenes de agua provenientes de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua para uso agrícola, ganadero o forestal serían reasignados, lo cual generó preocupación entre el sector campesino.
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Prórrogas
De igual forma y con la finalidad de brindar tiempo a las y los usuarios para que lleven a cabo sus trámites de manera adecuada, se ampliaron los plazos para solicitar prórrogas, pasando de 1 a 2 años y seis meses antes del vencimiento.
Mientras que se ordena que “la Autoridad del Agua (Comisión Nacional del Agua)” resolverá mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes en casos de sucesión, de transmisión de dominio de propiedades asociadas a un título y de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles.
Entre los cambios generales también se plantea el cambio de Registro Público de Derechos de Agua por Registro Nacional del Agua (REPNA), el cual deberá proporcionar información y seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos.
En tanto que se establece que los derechos amparados en las concesiones no serán objeto de transmisión, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá reasignar los volúmenes a través de fondos de agua que se conformarán con los derechos concluidos, con el objetivo de eliminar trámites burocráticos, en cuyos casos se emitirá un nuevo título de concesión o asignación.
Captación
Otros de los cambios relevantes que se le hicieron a la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum se refiere a la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, ya que se planteó que la Conagua promoverá la implementación de sistemas de captación de agua pluvial para uso personal, doméstico y agropecuario familiar, y los sistemas y obras de captación de agua pluvial que tengan un uso distinto, requerirán la autorización de la dependencia.
Asimismo, se establece la prohibición total de la Comisión Nacional de otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero.
En tanto que se deja de considerar a la “seguridad hídrica” como mecanismo de reducción de volúmenes; se reincorpora la figura del Órgano Interno de Control y se mantiene la facultad de los Organismos de Cuenca de expedir títulos de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción.
Otro de los cambios más relevantes es la disminución de penas por desvío, acaparamiento u obstrucción del agua. La propuesta reduce la sanción máxima de 10 a 5 años de prisión, mientras que la multa baja de 4,000 (452,560 pesos en 2025) a 2,000 (226,280) UMAs.
Oposición rechaza cambios
Tras darse a conocer estos cambios el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, mostraron su desacuerdo, al señalar que los nuevos ordenamientos solo tienen “parches”.
Para el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, la nueva propuesta de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, siguen siendo injustas, ambiguas y punitivas.
“Es evidente que el gobierno se dio cuenta de su error inicial y propone cambios, pero son insuficientes, ambiguos y peligrosos para el productor, en especial para los más pobres”, dijo.
Incluso señaló que la nueva propuesta incluye delitos mal redactados, duplicados y ambiguos, algunos ya contenidos en el Código Penal Federal y en leyes ambientales, con lo cual Morena “crea un marco legal confuso y útil para la persecución política”.
Mientras que el vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, acusó que los cambios sobre agua, son “maquillaje” para acallar las protestas de productores y disfraza las disposiciones adversas a los usuarios del agua que originalmente planteó la presidenta.
“Centraliza todo poder en la Federación; desaparece la certeza jurídica del campo. No es ‘maquillaje’ es confiscación disfrazada. Puro engaño para los productores agrícolas”, agregó en redes sociales.
Cortesía de El Economista
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