Con la serie de escándalos que han sacudido a la 4T en las últimas semanas, se han agudizado notoriamente los intentos del oficialismo por controlar las críticas a su gestión. La Presidenta está convencida de que la marcha que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre no puede ser legítima, y no acepta la idea de que la difusión masiva de críticas a su Gobierno derivadas de la marcha, puedan provenir del pueblo. Para demostrarlo, ayer informó que se han llevado a cabo investigaciones sobre las cuentas de usuarios de redes sociales que cambiaron sospechosamente su comportamiento, desviándose de los temas que usualmente abordan, para ahora criticar al Gobierno. El objetivo de la cacería es identificar a quienes se encuentren detrás de las campañas en su contra que, según su hipótesis, habrían comprado a dichas cuentas.
La Presidenta también se quejó de que se difundieron videos hechos con inteligencia artificial que contenían información falsa, y al mismo tiempo llamó la atención a los jóvenes para que “no estén pegados todo el día en el celular”, con lo que de alguna manera parece reconocer la posibilidad de que ciudadanos reales estén difundiendo críticas al Gobierno.
Los intentos de Morena por controlar la información que se difunde en redes sociales no son nuevos. La investigación referida por la Presidenta se suma a una serie de iniciativas legislativas previas en las que se ha buscado controlar el contenido de las plataformas digitales, así como a múltiples acciones judiciales iniciadas por personajes icónicos de la llamada 4T, en contra de periodistas y medios de comunicación, destacando Layda Sansores por su perseverancia y creatividad jurídica.
La realidad es que cuando la libertad de expresión se apoya en la tecnología, el control de la narrativa pública se vuelve materialmente muy difícil. Incluso si la supermayoría legislativa aprobara una reforma legal en la que se prohibieran las “campañas” de críticas al Gobierno, o si la investigación de redes sociales arrojara que muchas cuentas se sumaron sospechosa o inesperadamente a las quejas ciudadanas derivadas de la marcha, lo cierto es que la aplicación práctica de medidas resultaría muy complicada por varias razones.
Desde el punto de vista legal, se debe tomar en cuenta que una campaña de críticas al Gobierno no sólo no es ilegal, sino que de hecho es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a criticar la gestión pública, independientemente de su profesión, de la generación a la que pertenece, de la frecuencia con la que aborda temas políticos en sus redes sociales, o incluso de su afiliación política o militancia en algún partido. También tiene derecho a cambiar su opinión o temática sin previo aviso a las autoridades. Así, aun si la búsqueda oficial de campañas en contra del Gobierno arrojara nombres y apellidos, difícilmente se podría acusar que sus críticas no son legítimas.
Por lo que hace a los bots como acarreados digitales, o al uso de inteligencia artificial, la propia realidad tecnológica hace difícil el control material de los contenidos en Internet. Aun si se aprobara una ley para bloquear contenidos en plataformas o redes sociales, su aplicación sería muy complicada, porque en la actualidad existen muchas tecnologías que facilitan el acceso y navegación anónima al Internet, como las llamadas VPN (Virtual Private Network). Estas tecnologías se encuentran al alcance de usuarios comunes en todo México, y escapan del control de los concesionarios de telecomunicaciones. Así, no podría identificarse o responsabilizarse a particulares o empresas de telecomunicaciones en México. Por lo que hace a los desarrolladores de redes sociales, la imposición de sanciones sería prácticamente imposible para los que no tengan un establecimiento permanente en México.
En este sentido, incluso con todo el poder político y jurídico que acumula Morena, el control masivo de las redes sociales parece una meta difícil, pues la tecnología y el Internet no respetan las fronteras de los Estados.
Cortesía de El Economista
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