El análisis de la reforma a la Ley de Aguas continúa en la Cámara de Diputados y, durante semanas, ha provocado una amplia discusión en México, especialmente tras las manifestaciones de agricultores y campesinos que exigieron ajustes al proyecto. Estos son los aspectos esenciales de la propuesta.
El 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de decreto que crea la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua, asegurar un acceso equitativo y promover un uso sostenible del recurso.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento es la responsable de revisar y dictaminar la iniciativa.
En días recientes, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que el paquete de reformas representa “un acto de justicia para el pueblo de México”. También resaltó que los cambios permitirán fortalecer el derecho humano al agua y establecer un sistema de concesiones más ordenado, transparente y con certeza para todos los usuarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 3 de diciembre que la esencia de la Ley es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Expresó que hay que “dejar de ver al agua como una mercancía, y verlo como un recurso y como un derecho”.
Puntos clave, modificaciones y preocupaciones en torno a la Ley General de Aguas
Entre los objetivos de la Ley General de Aguas se encuentran el promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como promover la cultura del agua.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las propuestas de la iniciativa son:
– Establecer bases de políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, entre otras, para fomentar condiciones de equidad en la gestión del agua
– Que el Estado sea el único regulador del uso del agua
– Eliminar la transferencia de derechos de agua entre particulares
– Que concesiones no usadas adecuadamente regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su reasignación
– Reconocer la responsabilidad hídrica como criterio favorable para buenos usuarios, así como la seguridad hídrica, para garantizar el acceso sostenible
– Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua, para mayor control y transparencia.
– Modificar el pago de cuotas para evitar acaparamiento y asegurar que el agua llegue a quien realmente la necesita
– Establecer reglas claras para concesiones de uso agrario, garantizando soberanía alimentaria y derechos de los titulares.
– Fortalecer la detección de usos irregulares, el cumplimiento de obligaciones y el régimen de sanciones
– Incluir un catálogo de delitos hídricos para complementar el esquema sancionador
En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, presentó las modificaciones a la iniciativa, entre las que se encuentran que:
– El Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho humano de acceso al agua, porque se integrará la figura del Órgano Interno de Control y vincularlo con las normas aplicables.
– El agua será considerada y reconocida como parte de la Estrategia Nacional Hídrica
– Se robustecen las atribuciones de los Organismos Operadores, considerando que el servicio de agua potable y aguas residuales comprende procesos de extracción, potabilización, almacenaje, conducción, distribución, medición, drenaje sanitario, drenaje pluvial, así como su facturación y cobro
– Señalaron un plazo de 180 días para la armonización por parte de las entidades federativas, con lo cual, afirma, se asegura la coherencia, claridad y un funcionamiento efectivo de la legislación.
El diputado morenista agregó que dichas modificaciones se lograron gracias a la participación activa de todos los sectores y fue resultado de semanas de trabajo y coordinación.
En semanas pasadas, agricultores y productores de campo protestaron por dicha ley que, acusaron, modificaría la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola debido a que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con las tierras.
También acusaron que la iniciativa generaba incertidumbre sobre su patrimonio y herencias familiares, así como que no contemplaba apoyos para dicho sector y su producción.
Luego de protestas en varios estados del país y el diálogo en San Lázaro que derivó en varias modificaciones, los agricultores dijeron que lograron que el gobierno se comprometiera a discutir cómo asegurar que el agua siempre esté al servicio de la producción de alimentos en el país, por lo que celebraron el avance.
YC
Cortesía de El Informador
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