Probablemente muchos lectores no hayan escuchado de la comunidad de Azqueltán, así como millones de mexicanos no conocían la palabra Ayotzinapa hasta la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena enclavada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas tepehuanos y wixárikas han habitado y vivido en esa y otras localidades del cañón de Bolaños. Y para confirmar su largo asentamiento en el territorio llevan a cabo un juicio ante tribunales agrarios para que se les reconozca la posesión de al menos 39 mil hectáreas, según el título virreinal emitido por la Corona española en 1733.
A lo largo de su historia han padecido el acoso sobre su territorio por parte de caciques y pequeños propietarios. En años recientes la comunidad de San Lorenzo Azqueltán ha padecido el aumento de las amenazas y el despojo, desde que en noviembre de 2013 se declaró como una comunidad indígena autónoma, es decir, que se rige por su propio estatuto comunal. Lamentablemente, como ocurre usualmente con las comunidades indígenas de este país, las denuncias por amenazas que dio a conocer esta comunidad fueron ignoradas por las autoridades.
Por eso, el asesinato de Marcos Aguilar Rojas el pasado 26 de noviembre se trató de una crónica de una muerte anunciada. Marcos Aguilar, quien fungía como representante agrario de la comunidad, fue asesinado por disparos de armas de fuego por un grupo de hombres armados. En esta agresión quedó herido su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Tanto la comunidad como el CNI han identificado a los agresores. El ataque fue perpetrado por Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Víctor Hugo Pérez, Fabio Flores Sánchez y Abraham Pérez, a quienes se vincula con los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero.
Tan era una crónica de una muerte anunciada la de Marcos Aguilar, que tan solo en el mismo mes de noviembre la comunidad de Azqueltán emitió dos comunicados advirtiendo de amenazas, agresiones en su contra y despojo de sus tierras y bienes. En un comunicado del pasado 7 de noviembre denunciaron que tres días antes un grupo de hombres llegó a su predio comunal El Sabino Quemado, ostentándose como policías investigadores sin acreditarse, y les robaron una motobomba y varias herramientas. En ese ataque recibieron amenazas de muerte.
Una semana después, el 14 de noviembre, los comuneros denunciaron que el “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso a El Sabino Quemado, alegando que tenía órdenes de la Fiscalía de Jalisco. En ese comunicado denunciaron que desde 2019 han recibido ataques de un Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompaña. Pero las decenas de denuncias que han lanzado desde hace al menos doce años no han sido escuchadas por las autoridades. El comunicado del 14 de noviembre se dirige explícitamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Pablo Lemus y al fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, para que tomen cartas en el asunto y eviten que se concreten las amenazas. Pero eso no ocurrió y por eso fue asesinado Marcos Aguilar.
Por eso, con razón, en su comunicado del pasado 1 de diciembre, Azqueltán denuncia que “El asesinato de Marcos Aguilar fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán. El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado: fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales”.
Como prueba adicional de esta complicidad de las autoridades con los agresores, Azqueltán denunció que tanto el juez de control de Colotlán como el Ministerio Público no tomarán muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, bajo el pretexto de que estaba “inconsciente”.
Los comuneros denuncian que, tras numerosos ataques armados, amenazas y despojos, se han abierto muchas carpetas de investigación que representan un desgaste para la comunidad, al tiempo que se protege a los agresores. Con estas evidencias es insostenible la versión del fiscal de Jalisco, quien tras el asesinato de Marcos Aguilar declaró que era un “pleito entre vecinos”. No es pleito de vecinos, es la agresión de un grupo armado al servicio de caciques y sujetos que pretenden despojar las tierras ancestrales de la comunidad de Azqueltán.
La Presidenta Sheinbaum, el gobernador Lemus y el fiscal de Jalisco ya no pueden hacerse sordos ante estas denuncias. Deben actuar y hacer justicia contra los responsables del asesinato de Marcos Aguilar y de los caciques que pagan a estos grupos armados para tratar de despojar las tierras que pertenecen a las comunidades tepehuanas y wixárikas de Azqueltán.
Cortesía de El Informador
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