La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un aumento al salario mínimo del 13% para 2026. Con el incremento, a partir del 1 de enero esta remuneración alcanzará 315.04 pesos diarios; actualmente es de 278.80 pesos. Para la zona de la frontera Norte, el aumento será de cinco por ciento.
El anuncio generó opiniones entre académicos, expertos económicos y el sector empresarial, quienes dieron su respaldo, aunque algunos especialistas advirtieron efectos como reducción de inversión, menor crecimiento económico, mayores costos para las empresas e impacto en la creación de empleo formal.
Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, consideró que el principal problema será la “destrucción del empleo formal”. Recordó que la generación de plazas se ha desplomado en lo que va del año, por lo que los indicadores laborales podrían tener una caída mayor a partir de 2026. “El seguir encareciendo la creación de empleo formal significará que el país tendrá tasas bajísimas en este rubro”. Advirtió que las posibilidades de generar plazas serán menores en puestos de nivel operativo.
Sergio Negrete, economista y profesor de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, señaló tres efectos posibles del incremento: aumento del desempleo, mayor informalidad o el traslado de costos a los precios finales para el consumidor. “El empleo formal se ha desacelerado. Si el salario mínimo se hace relevante, o aumenta el desempleo, o la informalidad, o las empresas trasladan los costos”.
El salario mínimo ha tenido un alza significativa desde 2018, cuando era de 88 pesos diarios. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, los aumentos anuales superaron en algunos casos el 20%, con el argumento de reducir la brecha salarial y disminuir la desigualdad económica. Aunque esta política permitió una recuperación del poder adquisitivo y contribuyó a reducir la pobreza entre 2018 y 2024, especialistas señalan que persisten riesgos.
Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, alertó sobre efectos inflacionarios ligados al decreto, sobre todo por tratarse de un aumento obligatorio y no derivado de productividad. “Trae efectos inflacionarios. Cuando los incrementos se derivan de productividad, benefician; pero los generados por obligación legal provocan presión inflacionaria”. Agregó que, más allá del salario, deben recuperarse prestaciones sociales y calidad en el servicio, pues los costos se trasladan a empresas y consumidores.
Con el incremento, México se posiciona como el sexto país con el salario mínimo más alto de América Latina. Entre los efectos positivos se mencionan mayor poder adquisitivo, mejores ingresos y mejoría en la calidad de vida, elementos que influyeron en la reducción de la pobreza en años recientes.
La Coparmex Jalisco respaldó el acuerdo salarial y llamó a implementarlo de manera gradual y responsable para evitar cierres o crecimiento de la informalidad.
Aun así, Antonio Ruiz Porras, académico de la UdeG, advirtió que el país suma “seis años con costos de mano de obra crecientes”, situación que afecta la competitividad. “El incremento genera distorsiones en la producción, reducción de productividad y disminución de inversión y crecimiento”.
El ajuste salarial se suma a la futura implementación de la jornada laboral de 40 horas.
CT
Cortesía de El Informador
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