En la historia del México moderno no se registra ninguna decisión tan absurda y onerosa, y de consecuencias ambientales tan devastadoras como el Tren Maya, su derecho de vía y estructuras, y sus obras inducidas y periféricas: bancos de material, caminos de acceso, estaciones gigantescas e inútiles, cuarteles militares, almacenes, carreteras, aeropuertos, subestaciones eléctricas, enormes estacionamientos, hoteles y centros turísticos castrenses, y parques temáticos. Se han derrochado en ello más de medio billón de pesos (más del doble del presupuesto de la Secretaría de Salud), y el costo de operación anual supera los 40,000 millones de pesos, mientras que los pasajeros son ridículamente escasos y los ingresos apenas rebasan los 3,000 millones de pesos anuales. Es un desfalco astronómico a la Nación producto de la estulticia y megalomanía, en un proyecto emprendido por capricho iluminado e ignorante, sin análisis de mercado y factibilidad, y sin estudios consecuentes de viabilidad o impacto ambiental. El proyecto ha estado inmerso además en la más escandalosa violación de la ley, y opacidad y andamiaje corruptor jamás observados en nuestro país. Sus consecuencias ecológicas, financieras, fiscales y sociales serán sufridas durante generaciones, más aún, por la impunidad total de que gozan los responsables, bajo cobertura de las autoridades ambientales federales. Las atrocidades del Tren Maya han sido documentadas recientemente en un minucioso reporte publicado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a partir de una amplia y profunda misión de observación en la que participaron numerosas organizaciones sociales, académicos e investigadores, así como representantes de Naciones Unidas. Las obras del Tren Maya han provocado la deforestación directa de casi 12,000 hectáreas en gran medida sin autorizaciones de Impacto Ambiental ni de cambio de uso del suelo. Esto, sin contar la deforestación causada indirectamente a través de nuevas actividades agropecuarias, e innumerables desarrollos inmobiliarios y turísticos, invasiones y ocupación ilegal del territorio. Las atrocidades documentadas abarcan la fragmentación y destrucción deliberada de hábitats únicos, relleno de humedales y destrucción de arrecifes microbianos (una de las formas de vida más antiguas del planeta), y, deforestación con maquinaria pesada en los últimos y más importantes ecosistemas de bosque tropical y reservorios de biodiversidad en Mesoamérica, incluyendo Áreas Naturales Protegidas invaluables que son Patrimonio Mundial de la Unesco como Calakmul y Sian Ka’an.
El reporte incorpora también información elocuente sobre afectaciones irreversibles al sistema de cenotes, galerías, cavernas, acuíferos y ríos subterráneos más importante del mundo. (Se implantaron más de 15,000 pilas de metal y concreto armado destruyendo cavernas y cenotes, multiplicando riesgos de fractura, colapso y contaminación en un terreno Kárstico). Todo ello, significando la comisión de graves delitos ambientales –totalmente impunes– contemplados en el Código Penal. El Tren Maya y sus obras complementarias se han dado a través de una intervención y ocupación militar a gran escala en la Península de Yucatán. Esta, además de ejecutar las obras e infligir daños ecológicos brutales, ha destruido el tejido social, acaparando actividades económicas (aerolínea y aeropuertos militarizados, hoteles, gasolineras, tiendas, restaurantes) desplazando a empresarios locales, en tareas groseramente ajenas a las funciones constitucionales del Ejército.
El reporte señala cómo la ocupación militar ha estado asociada al despojo y expropiación de tierras ejidales, bloqueo y privatización del acceso a playas públicas, saqueo y demolición del patrimonio arqueológico (con dinamita y maquinaria pesada), e imposición de poder a costa de la sociedad civil, comunidades, empresas y gobiernos locales. Los negocios militares que, obviamente, nunca serán rentables, se nutren de enormes subsidios corruptores del gobierno. Todo esto, bajo el signo de la impunidad, y, en el contexto de un narcotráfico cada vez más ostensible, descarado y violento, en playas, hoteles, bares, taxis y restaurantes, a la par de la extorsión y derecho de piso generalizados. En una primera fase de la construcción del proyecto las obras fueron asignadas a grandes empresas contratistas consentidas del régimen, como Mota-Engil, ICA, CICSA y Carso. Sin embargo, en agosto del 2023 el presidente López transfirió todos los negocios asociados, proyectos y obras de construcción, y administración y beneficios a la Secretaría de la Defensa Nacional, en una dinámica inédita de empoderamiento militar. El efecto corruptor quedó asegurado al exentarse a los militares de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y asignación competitiva y abierta de contratos, a través de un Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 que hizo de “Seguridad Nacional” cualquier proyecto o negocio castrense. Nunca fueron respetados decenas de amparos interpuestos por múltiples quejosos, se desacataron las medidas cautelares, no fueron obedecidas las suspensiones otorgadas, o se desecharon, bajo el argumento espurio de falta de interés legítimo. Dado el desmantelamiento y captura del Poder Judicial, la reciente anulación práctica del Juicio de Amparo, y la indiferencia o impotencia de las autoridades ambientales no hay esperanza de acceso a la justicia en este torrente de atrocidades inauditas.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: