Dan protección a 25% de defensores y periodistas que buscan ayuda

El porcentaje de aceptación de las solicitudes para formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas muestra una disminución desde 2020, según muestran datos de la Secretaría de Gobernación.

De enero a octubre de 2025, el mecanismo recibió 128 solicitudes de incorporación de defensores de derechos (64) y periodistas (64), de las cuales solo fueron aceptadas 32 (11 de activistas y 21 de comunicadores), equivalente al 25 por ciento del total.

Los datos estadísticos del mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, apuntan a que el porcentaje de aceptación ha disminuido de manera importante desde el año 2020, cuando del total de las peticiones de seguridad de defensores y periodistas fueron aceptadas el 95 por ciento.

Para el 2021, el porcentaje bajó a 73; un año después se desplomó a 48%, para 2023 el dato fue de 54%, mientras que para el año pasado la cifra se ubicó en 29 por ciento.

Comunicadores

Las 64 solicitudes interpuestas por personas periodistas se encuentran casi en el mismo nivel del 2024, cuando se registraron 66 casos.

El número total de periodistas bajo protección asciende a 695 personas —206 mujeres y 489 hombres—, lo que representa un aumento respecto a 2024, cuando se contabilizaban 679 personas beneficiarias.

Las entidades con mayor número de periodistas protegidos son: Ciudad de México, con 88; Guerrero, con 81; Quintana Roo, 53; Tamaulipas, con 52, y Michoacán, con 34.

Defensores

Las 64 solicitudes presentadas en 10 meses del 2025 por parte de los defensores son poco más de la mitad que se presentaron en 2024 cuando la cifra escaló a 117.

Al corte de octubre, el Mecanismo cuenta con 1,311 personas defensoras beneficiarias —727 mujeres y 584 hombres—, una cifra menor a la del año pasado, cuando se contabilizaban 1,331.

Las entidades con mayor número de defensores protegidos son: Oaxaca, 161; Jalisco, con 128; Ciudad de México,.con 127; Michoacán, 124, y Chiapas, con 105.

Agresiones

Este año, el Mecanismo ha documentado 39 agresiones contra personas beneficiarias, de las cuales: 11 fueron cometidas por servidores públicos; 13 por particulares y 15 por agresores no identificados.

En el caso de los periodistas se registraron 26 agresiones (21 amenazas y 5 agresiones físicas), mientras que entre personas defensoras hubo 19 agresiones, que incluyen amenazas, agresiones físicas y tres casos de privación de la libertad.

Por otro lado, en el rubro de medidas de protección extraordinarias —aquellas otorgadas por riesgo inmediato—, el informe registra 129 medidas para 2025, que incluyen patrullajes, botones de asistencia, comunicación a autoridades y gestión para presentación de denuncias.

Mientras que este año también el Mecanismo cerró un total de 11 expedientes de periodistas y 12 de personas defensoras, principalmente por disminución de riesgo o falta de interés de la persona beneficiaria.

Denuncian incumplimiento
de medidas

El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas alertó sobre nuevos incumplimientos del Servicio de Protección Federal (SPF) en la implementación de medidas de resguardo otorgadas a personas beneficiarias del mecanismo, lo que —advirtió— pone en riesgo su seguridad, integridad y vida.

Según el pronunciamiento, en días recientes se registraron varios casos en los que el SPF, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no cumplió con acciones de protección ordenadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo. Estas medidas forman parte de planes de seguridad emitidos ante amenazas o situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras.

El órgano consultivo recordó que esta no es la primera vez en 2025 que se reporta el mismo tipo de incumplimiento. Ante la reiteración del problema, exigió a la Secretaría de Gobernación, a la SSPC y a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo tomar acciones inmediatas y definitivas para garantizar que las medidas se ejecuten sin retrasos ni omisiones.

Cortesía de El Economista



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