Entre el ruido mediático que suele acompañar a las discusiones legislativas sobre prohibiciones —en este caso, la muy sonada veda a los vapeadores y el combate frontal al fentanilo—, se corre el riesgo de perder de vista las reformas estructurales que verdaderamente mueven la aguja de la economía sectorial y la eficiencia del Estado. La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado viernes 26 de septiembre, contiene en sus líneas un rediseño fundamental de la maquinaria logística del país: la institucionalización de la Compra Consolidada bajo la rectoría total de la Secretaría de Salud.
El documento, firmado por el Ejecutivo Federal, no debe leerse como una simple actualización administrativa o un ajuste de tuercas burocrático; es el reconocimiento tácito de que el poder de compra del Estado Mexicano —uno de los compradores más grandes de América Latina— no debe ser solo una herramienta de eficiencia financiera, sino una palanca de desarrollo industrial, un mecanismo de seguridad nacional y, crucialmente, un incentivo para la modernización logística.
En varias ocasiones, hemos señalado en este espacio que el pecado original del desabasto y los sobrecostos no siempre fue la falta de presupuesto, sino la ausencia de modelos de datos robustos y la dispersión de la demanda. La reforma al Artículo 7 de la Ley General de Salud (LGS), específicamente en sus nuevas atribuciones, ataca este vacío sistémico. La ley ahora facultará explícitamente a la Secretaría de Salud para “coordinar la elaboración del diagnóstico de necesidades” y “planear e integrar la demanda”.
Esto, que en cualquier entorno corporativo parecería obvio, es necesario en nuestro contexto público. Se centraliza la inteligencia de mercado. Ya no se trata de que cada instituto nacional, cada hospital regional o cada subsistema pida lo que cree necesitar con calendarios dispares; ahora se debe articular una “cabeza de sector” real que valide la necesidad técnica antes de salir a mercado. La Secretaría deberá asumir el rol de “cerebro logístico”, dando seguimiento y asesoría desde la planeación hasta la ejecución de la compra consolidada en la que participen todas las dependencias federales (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar).
Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de esta Iniciativa, y donde los actores de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de servicios logísticos deben poner la lupa, se encuentra en la alineación explícita con el Plan México 2030.
El texto establece un mandato claro: la Secretaría de Salud deberá “promover la participación de personas físicas o morales que acrediten contar, en territorio nacional, con inversión en la cadena de producción… o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes”.
Aquí es donde el análisis debe ser fino. Una lectura superficial podría sugerir un proteccionismo clásico que solo beneficia a quien ya tiene una planta de manufactura instalada. Pero la redacción de la ley es más sofisticada y abre una ventana de oportunidad estratégica para aquellos jugadores que, sin manufacturar el principio activo en suelo mexicano, inviertan en la cadena de valor.
Al incluir explícitamente términos como “almacenes” e “investigación científica”, la reforma reconoce que la soberanía sanitaria no se construye solo fabricando cajas de medicina, sino asegurando que esas medicinas lleguen al paciente y que se desarrollen soluciones terapéuticas para la población.
Esto abre el juego a tres perfiles de inversión que son vitales para el sistema:
- El Inversionista Logístico: Empresas que, aunque importen el producto terminado, han invertido recursos en, por ejemplo, Centros de Distribución (CEDIS) de última generación, sistemas de trazabilidad digital y redes de cadena de frío en México. La ley valida su “inversión en la cadena” como un activo nacional. No se trata solo de producir, sino de garantizar el abasto a través de infraestructura local.
- El Innovador Clínico: La referencia a quienes “desarrollen investigación científica” es un guiño a las farmacéuticas globales y a las CROs (Organizaciones de Investigación por Contrato). Aquellas empresas que traen sus protocolos clínicos a México, generando evidencia en población mexicana y transferencia tecnológica, están siendo reconocidas como actores con “inversión productiva”, merecedores de un asiento en la mesa de la compra pública.
- El Compromiso a Futuro: La frase “inicio de instalación” es clave. Permite que empresas internacionales que hoy son oficinas comerciales, puedan participar con ventajas si presentan un plan firme de inversión, ya sea para manufactura o para establecer hubs regionales de distribución. Es un incentivo para pasar del modelo de oficina de ventas al modelo de activos fijos.
La reforma también aprieta las tuercas en la calidad y la racionalidad del gasto en tecnología. Se establece que la Secretaría llevará el control sobre la importación y distribución, vinculando estos procesos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Se instruyen procedimientos expeditos para registros sanitarios, pero se condicionan a aquellos fabricantes que cumplan con las Buenas Prácticas de Fabricación y cuenten con licencia en territorio nacional, cerrando el paso a participantes que hacen uso de las facilidades de la importación y que operan sin infraestructura ni responsabilidad sanitaria real.
Además, la incorporación del Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología (Artículo 60 Ter y siguientes) introduce una disciplina financiera necesaria. Obliga a que toda compra de equipo mayor (tomógrafos, aceleradores lineales, robots quirúrgicos) tenga una justificación técnica y un folio de registro centralizado.
Esto es una buena noticia para los proveedores de tecnología médica formalmente establecidos en el país. Se reduce el espacio para la compra discrecional de equipo sofisticado que termina empolvándose en bodegas por falta de personal especializado, periféricos, consumibles o infraestructura para operarlo. Al exigir una planeación centralizada, se favorece a las empresas que ofrecen soluciones complejas (equipo + servicio + capacitación) sobre aquellas que solo entregan insumos.
La letra de la reforma es de sobra relevante para la eficiencia y la planeación estratégica. Centralizar la inteligencia de compra, consolidar la demanda y utilizar el presupuesto para fortalecer la cadena de suministro nacional (en su sentido más amplio: producción, logística e investigación) son los pasos correctos hacia la anhelada sustentabilidad sanitaria.
No obstante, el reto mayúsculo residirá en la ejecución. La Secretaría de Salud deberá dotarse del músculo técnico, tecnológico y humano capaz de procesar los volúmenes de datos que esta rectoría exige. Si la burocracia ahoga la agilidad, el modelo colapsará.
Pero el mensaje para el sector privado es inequívoco: el Estado buscará socios, ya no solo vendedores. Busca empresas que echen raíces, ya sea poniendo ladrillos para una fábrica, instalando racks para un centro logístico de alta tecnología, o financiando protocolos de investigación en los institutos de salud.
La Iniciativa está en la mesa. Los legisladores tienen ahora la responsabilidad de blindar este mecanismo para que la salud deje de ser un gasto inercial y se consolide como la inversión más estratégica del Estado mexicano, integrando a todos aquellos que, desde la manufactura o la logística avanzada, apuestan su capital al futuro de México.
Hoy cierro con una frase que se atribuye a John Locke: “El conocimiento de los hombres no va más allá de su experiencia.”
*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: