La industria eólica confía en que el próximo 18 de diciembre podrán recibir permisos hasta por 2,000 megawatts para nuevos proyectos, incrementando en 26% la capacidad instalada de esta tecnología en el país, lo que significará el aterrizaje de inversiones de alrededor de 2,000 millones de dólares gracias a que se inscribieron en la Convocatoria para atención prioritaria de la expansión del sector eléctrico de la Secretaría de Energía.
Mauricio Herrera, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) aseguró a El Economista que hay por lo menos 28 proyectos eólicos en una etapa de desarrollo que fueron inscritos para la selección del gobierno, por lo que esperan obtener los permisos necesarios para terminar su construcción y arrancar en los próximos cuatro años.
“Es una excelente oportunidad, enmarcado en el nuevo esquema de planeación vinculante que si avanza como esperamos, va a lograr que se instale la capacidad necesaria para cumplir la demanda de energía en crecimiento del país”, dijo el empresario.
Según la Amdee, luego de que durante la administración pasada hubo un freno al otorgamiento de permisos para nuevos proyectos, el esquema de planeación vinculante con que pretende detonar inversiones el gobierno dará claridad a las empresas sin dejar atrás las actividades de la empresa del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Será clave que los proyectos que ingresamos tengan un resultado favorable y puedan ya con permisos y garantías, concretarse en los próximos meses, devolviendo el vigor con que se puede expandir la actividad eólica en México”, dijo Herrera.
Desde el pasado 17 de octubre, la Secretaría de Energía publicó su Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica, buscando incluir a privados en la planeación de la expansión de la capacidad de generación nacional. El gobierno busca añadir poco más de 6,000 megawatts, con una inversión aproximada de 7,140 millones de dólares mediante esta invitación, en que 3,790 megawatts corresponderían a energía fotovoltaica y 2,100 megawatts a proyectos eólicos.
Por el interés que mostraron los participantes en el proceso, se amplió en dos ocasiones el plazo para recibir las solicitudes de permisos de generación eléctrica y de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con lo que finalmente el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobará los permisos que considere factibles el 17 de diciembre de 2025 para dar a conocer los resultados un día después.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese), en México hay una capacidad instalada de 7,512 megawatts eólicos, que son el 8.9% del total nacional que al cierre del 2024 ascendió a 90,543 megawatts. Del 2018 al 2024, esta capacidad aumentó en 54%, aunque en los últimos dos años el incremento promedio anual de ésta fue de 4.1%, luego de que al 2023 -ya sin el desarrollo de nuevos proyectos producto de las subastas del gobierno anterior- creció sólo 1.9% la capacidad.
Sin embargo, la generación neta inyectada mediante tecnología eólica en 2024 fue de 19,987 gigawatts por hora, lo que representó el 5.7% de la generación nacional, participación que es menor por la intermitencia de este tipo de instalaciones que en la media global tienen una eficiencia de entre 30% y 45% de cada megawatt instalado.
Y de acuerdo con la Amdee, se generan 9,780 empleos directos en los proyectos que hoy operan en 15 entidades federativas, donde hay 3,342 aerogeneradores en funciones.
Si bien ya se cuenta con los instrumentos más importantes para entender el rumbo del sector eléctrico y la participación de renovables, faltan bases de mercado y manuales operativos que disiparán más dudas sobre cómo será la prevalencia del Estado sobre los particulares y cuáles son los alcances de los inversionistas en nuevos proyectos, consideran desde la Amdee.
El Pladese tiene una meta de añadir 70,000 megawatts nuevos en los próximos 15 años, expectativa que para la industria eólica resulta alentadora pero llena de retos que esperan enfrentar en colaboración con las autoridades.
Cortesía de El Economista
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