Cuatro colombianos, presuntamente involucrados en el reclutamiento de mercenarios connacionales para clientes extranjeros, fueron incluidos en la Lista Clinton por el gobierno de Estados Unidos, debido a las matanzas que esos contratistas habrían perpetrado en el conflicto interno de Sudán.
La decisión fue tomada el pasado 9 de diciembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y afecta directamente al círculo empresarial y comercial del coronel Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial retirado de las Fuerzas Militares de Colombia, radicado en Emiratos Árabes.
Según la reseña del Tesoro, este personaje de doble nacionalidad colombo-italiana “desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos” en el conflicto sudanés, en el que una estructura paramilitar trata de arrebatarle el poder al Gobierno.
En el pasado tuvo supuestos nexos con el cartel del Norte del Valle, según la entidad estadounidense, y es el cofundador de la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), una compañía bogotana, a través de la cual se coordina el reclutamiento de los exmilitares para desplegarlos en suelo africano.
La actual gerente es su esposa Claudia Viviana Oliveros Forero, quien también fue afectada con la Lista Clinton.
Junto a ellos, los norteamericanos reseñaron al ciudadano colombo español Mateo Andrés Duque Botero, quien dirige una agencia de empleo llamada Maine Global Corp S.A.S., con domicilio en Bogotá y redes en Reino Unido y EE.UU.
Duque, a juicio del Tesoro, es sospechoso de articular la contratación y el pago de los exmilitares colombianos, fungiendo como una especie de intermediario con las organizaciones que los requieren en sus filas, en este caso, las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, una facción de corte paramilitar.
La lista de afectados la cierra la colombiana Mónica Muñoz Ucros, quien trabaja para Duque administrando Maine Global Corp S.A.S. y otra firma llamada Comercializadora San Bendito, que se encarga de la comercialización de ropa, accesorios deportivos y productos farmacéuticos y cosméticos en la capital colombiana.
Al quedar incluidas en la Lista Clinton, se congelan los activos bancarios y las transacciones financieras de estas personas y las citadas empresas.
A finales de noviembre, el Congreso de Colombia aprobó el proyecto de ley que prohibe el mercenarismo en el país, al adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, instaurada por Naciones Unidas en 1989.
Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, con corte a diciembre de 2024 las autoridades contaba con información de 300 exmilitares y expolicías colombianos asesinados en el conflicto de Ucrania y Rusia, 22 muertos en el conflicto interno de Sudán, 17 encarcelados en Haití por un golpe de Estado y seis más desaparecidos en México a manos de carteles del narcotráfico.
La Cancillería estima que unos 800 colombianos han trabajado de mercenarios en el extranjero entre 2020 y 2025, pero debido al subregistro, se cree que la cifra ronda los 3.000 en realidad.
Los servicios de los mercenarios colombianos son requeridos principalmente por 16 países: Estados Unidos y México (Norteamérica); El Salvador, Haití y Honduras (Centroamérica); Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Siria y Yemen (Asia); Sudán, Somalia, Libia y Nigeria (África); y Ucrania (Europa).
Algunos de esos países no son el destino principal del trabajo, sino el sitio donde los contratan para luego desplegarlos en otras regiones, lo que hace más difícil seguirles la pista.
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Cortesía de El Colombiano
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