Los diputados y senadores de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión cumplen dos semanas de vacaciones. A pesar de los pendientes, los coordinadores de las bancadas en ambas Cámaras legislativas rechazaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones… aunque el Ejecutivo dispone otra cosa.
“No creo que tengamos periodo extraordinario”, sostuvo tajante el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, el pasado jueves 18. “No nos da tiempo, el receso en muy corto, apenas cuatro semanas”.
El líder morenista hablaba de las primeras cuatro semanas del 2026. El segundo periodo ordinario del segundo año de la Legislatura debe iniciar con el primer día de febrero y la prioridad será la iniciativa presidencial sobre la reforma constitucional.
Monreal Ávila calculaba que el texto de la comisión encabezada por Pablo Gómez llegará a más tardar dentro de un mes, aunque todavía no tiene claro si llegará a la Cámara de Diputados o al Senado. En cualquier escenario, la Comisión Permanente activará a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, pues además del texto constitucional, habrá que modificar la legislación secundaria en materia electoral.
El líder morenista no quiso interrumpir el asueto de sus colegas… pero los senadores deberán anticipar su regreso al trabajo legislativo, tras de que la presidenta Claudia Sheinbaum remitiera la solicitud para que la unidad de operaciones especiales de la Armada de México pueda acudir a una capacitación —del 18 de enero al 13 de marzo de 2026— en Tennessee, Estados Unidos.
Previo llamado de la Comisión Permanente, el Pleno de la Cámara Alta deberá procesar dicha solicitud a más tardar el 13 de enero, confirmó anoche el vicecoordinador morenista, Ignacio Mier.
Hasta febrero, la reforma electoral. Y una intensa agenda que incluye –según Monreal Ávila— las nuevas leyes federales de Procedimientos Contenciosos Administrativos y de Economía Social, y sendas reformas al Código Penal Federal, en materia de abuso sexual y de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental… Eso, si no disponen otra cosa en Palacio Nacional.
Efectos secundarios
MENSAJE. Hace tres semanas, los afiliados al movimiento IFT-133 levantaron el bloqueo que mantenían en la Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la sede central de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, confiados en que la nueva instancia federal cubriría las indemnizaciones procedentes por la extinción del órgano autónomo este año. Los afectados, trabajadores de libre designación, reclaman el pago de su aguinaldo y el seguro de separación individualizado, pero no tendrán buenas noticias en lo que resta del año, pues ni la SHCP y la Secretaría Anticorrupción ni la nueva Agencia para la Transformación Digital cuentan con los recursos para absorber el pasivo laboral. En la CRT sostienen que durante los dos meses de negociaciones en ningún momento se les engañó y que los vacíos legales dejados por los ex comisionados del IFT generaron el impago.
Cortesía de El Economista
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