Las recientes excarcelaciones en Venezuela generaron este viernes cuestionamientos entre las organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la falta de claridad en los reportes oficiales y a que las medidas no significaron el fin de los procesos penales contra los detenidos, quienes continuaron vinculados a investigaciones por terrorismo, pese a salir de prisión bajo condiciones restrictivas.
El Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios reportó la liberación de 99 personas, pero organizaciones como el Foro Penal y Provea confirmaron cifras menores tras realizar una verificación caso por caso. Según sus registros, apenas se corroboró la salida de entre 45 y 70 ciudadanos, un dato que contrastó con el anuncio gubernamental realizado en vísperas de Navidad.
Óscar Murillo, coordinador de Provea, señaló que la situación evidenció una falta de transparencia. El vocero explicó que los beneficiarios no recibieron una absolución, sino que salieron bajo medidas cautelares tras haber sido imputados por cargos graves, lo que mantuvo su estatus legal comprometido.
Murillo denunció que este procedimiento respondió a un modelo autoritario caracterizado por la arbitrariedad, al punto que muchas liberaciones ocurrieron sin la firma de un juez. Asimismo, criticó los comunicados del gobierno en los que se afirmó que los detenidos fueron “engañados”, un argumento que las organizaciones interpretaron como una revictimización de los ciudadanos.
La mayoría de los beneficiados resultaron arrestados tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en operativos descritos como redadas abiertas. El reporte indicó que, aunque hubo personas vinculadas a la logística electoral, el grueso de los liberados correspondió a ciudadanos comunes detenidos de forma aleatoria en las calles o tras la revisión de sus teléfonos celulares.
Esta situación afectó a jóvenes de diversos estados que, tras su captura, fueron trasladados a cárceles lejanas de sus lugares de origen, lo que dificultó el contacto con sus familias y la defensa legal debido a los costos de traslado.
A pesar de estas medidas, la cifra de presos políticos en el país superó las 900 personas. Provea advirtió que el ciclo de represión continuó activo y resaltó que figuras clave permanecieron recluidas.
Entre los casos vigentes se mantuvo el de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido en el Sebin, tras pedir aclaraciones sobre los resultados electorales ante el Tribunal Supremo.
Del mismo modo, defensores de derechos humanos y el equipo de trabajo de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González siguieron privados de la libertad, lo que llevó a las oenegés a concluir que las excarcelaciones no representaron un cambio real en la política estatal.
Cortesía de El Colombiano
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