Los Gobiernos modernos tienen varios objetivos: promover las condiciones para la prosperidad, mantener el orden y la paz social, administrar la justicia, entre otros.
La prosperidad sin seguridad ni justicia no es vivible. La seguridad sin prosperidad ni justicia no es satisfactoria. Y la justicia sin prosperidad ni seguridad es impensable.
Tomando esto en cuenta habría que juzgar con cierto detenimiento el reciente incidente más que accidente sucedido el pasado 31 de diciembre en Oaxaca, cuando el Tren Interoceánico sufrió un grave descarrilamiento que ha causado, hasta ahora, la muerte de 13 personas y alrededor de 100 heridos.
Mientras se sabe más de la situación, los primeros indicios apuntan a que podría haber responsabilidad gubernamental. Testigos reportaron que el tren parecía viajar a exceso de velocidad antes del descarrilamiento. Por otro lado, investigaciones periodísticas y especialistas señalan posibles deficiencias en los materiales, falta de mantenimiento y uso de unidades obsoletas.
Aunque la Presidenta ha anunciado investigaciones sobre el asunto, no ha perdido la oportunidad para atacar a la prensa por publicar fotos, que es una práctica normal de nuestros medios de comunicación.
En lo que sí es necesario insistir es en que se aclaren las causas últimas de este percance con visos de tragedia y que los responsables, de haberlos, sean procesados de acuerdo a lo establecido en nuestro marco jurídico. No obstante, no pecamos de pesimistas si decimos que la experiencia pasada en lo que respecta a la 4T, así como la estructura gubernamental existente con menos contrapesos, hace pensar que nunca sabremos sobre el fondo del asunto.
Lo que nos lleva a tocar un tema de graves resonancias. Sabemos que la rehabilitación reciente de las vías y la construcción de infraestructura nueva para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) estuvieron coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar), aunque con la participación de varias empresas privadas.
Muchos de nosotros hemos insistido en que las fuerzas castrenses no están capacitadas para coordinar proyectos de infraestructura civil y pública. Sus labores tradicionales de mantener la seguridad pública y nacional no lo son por simple azar, sino por necesidad social.
Lo que hizo la 4T constituyó una verdadera militarización de la vida civil que no fue intentada por ninguno de los gobiernos de la transición. La lógica detrás fue la desconfianza que tuvo el presidente en el sexenio anterior por el mundo civil en las labores de gestión de infraestructura pública. Partiendo de la sospecha de que las áreas civiles del gobierno son eminentemente corruptas, el presidente cruzó un Rubicón y le dió la potestad a los militares para realizar actividades que clásicamente no les corresponde.
Ya estamos siendo testigos de las funestas consecuencias de tal decisión. Ellas nos hablan volúmenes sobre la ausencia de seguridad, prosperidad y justicia en el México de hoy.
Cortesía de El Informador
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