La decisión a finales de 2025 de incluir la banda de 600 MHz (614-698 MHz) en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026 y presumiblemente en la próxima licitación 5G que encabezará la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), es la acción regulatoria más relevante para el despliegue masivo de 5G en México en los próximos años.
Las TIC habilitan el derecho de acceso a la cultura, la educación y la economía digital; permitir que operadores inviertan y desplieguen redes eficientes es una condición para que esa promesa llegue a la población. La banda de 600 MHz es (por cobertura y penetración) la mejor herramienta para acelerar ese objetivo.
Hace ya más de un lustro que las primeras redes 5G comerciales se encendieron en Corea del Sur (abril de 2019). Desde entonces el ecosistema mundial ha avanzado rápidamente en asignación de espectro, estándares y economías de escala para equipos. México, sin embargo, llega tarde a la licitación nacional de frecuencias para 5G.
La planificación y la propuesta de licitación que dejó el IFT contemplaba la banda de 600 MHz y otras frecuencias, pero el proceso se canceló por todo el cambio institucional y legal; ahora la CRT debe retomar la tarea. El IFT proponía un diseño con un bloque nacional de 10+10 MHz y 1,600 bloques de 5+5 MHz por APS (Área Parcial de Servicio) en 600 MHz.
La banda de 600 MHz representa el segundo dividendo digital. Tras la reordenación de la televisión digital, ese rango quedó disponible para IMT (servicios móviles). Sus ventajas técnicas son penetración en interiores, cobertura amplia por radiobase y relativo bajo costo de infraestructura por km². Técnicamente, puede ofrecer hasta 70 MHz (35+35 de subida y bajada). En términos prácticos, liberar la banda de 600 MHz para 5G permite mejorar cobertura rural y urbana, reducir el número de sitios necesarios y mejorar la experiencia en interiores para los usuarios.
Estados Unidos puso la banda de 600 MHz en el mercado mediante una subasta incentiva que recaudó 19.8 mil millones de dólares y asignó 70 MHz para uso móvil. El proceso fue complejo, polémico y evidenció el alto valor del espectro y los conflictos con los radiodifusores que tenían asignada la frecuencia. Canadá subastó la banda de 600 MHz en 2019. Su modelo incluyó bloques nacionales y asignaciones regionales para permitir participación de operadores pequeños.
En América Latina, los procesos 5G han ido desde subastas exitosas (Brasil, con obligaciones de despliegue) hasta conflictos regulatorios y judiciales (Chile, por incumplimientos de despliegue del operador WOM).
Una licitación bien diseñada en México traería mayor cobertura en zonas rurales y semiurbanas, mejoras en calidad de voz y datos en interiores, soporte de nuevos servicios (telemedicina, educación remota, IoT industrial) y competencia con mejores precios y planes para consumidores. También facilita servicios mayoristas para que los Operadores Móviles Virtuales ofrezcan 5G.
Los riesgos serían graves si la licitación se diseñara mal, como pretendía el IFT con bloques regionales. Los peligros son precios de entrada y derechos elevados que desalientan la participación si los bloques se cotizan muy alto. Los operadores clave como AT&T podrían abstenerse de participar, dejando bloques desiertos.
Los diagnósticos del IFT mostraron que los derechos vigentes en México están por encima del promedio internacional. Ello ha provocado devoluciones y concursos desiertos en procesos previos. El ex regulador propuso ajustes y esquemas para reducir barreras (incluso exenciones temporales para entrantes).
Otra amenaza son nuevos participantes sin capacidad real de inversión. En Colombia, Chile e incluso Brasil hubo asignaciones de espectro que derivaron en incumplimientos cuando nuevos participantes devolvieron frecuencias, no cumplieron pagos o compromisos de despliegue. Es preciso exigir garantías, fianzas y mecanismos de ejecución estrictos para evitar esos errores.
Un tercer riesgo es el diseño geográfico inapropiado. El IFT propuso un bloque nacional y bloques por Área Parcial de Servicio (APS). Pero para explotar el potencial real de la banda de 600 MHz, lo idóneo son bloques nacionales. La naturaleza de la banda (cobertura amplia) encaja con asignaciones con alcance nacional que favorezcan economías de escala y roaming nacional. Bloques locales fragmentan el mercado, complican la interoperabilidad y elevan los costos por falta de armonización.
Quienes invierten en infraestructura deben tener la certeza de que contarán con un portafolio de espectro suficiente para rentabilizar despliegues. Aquí entra la discusión sobre la Red Compartida de Altán Redes, que opera 90 MHz en 700 MHz como mayorista: ¿puede o debe jugar un rol en 600 MHz? Su modelo mayorista es una vía para extender cobertura y permitir que operadores virtuales ofrezcan 4G sin desplegar su propia red; sin embargo, el diseño de la licitación debe evitar distorsiones y garantizar neutralidad competitiva e inversiones.
La transición institucional de México con nuevas comisiones y leyes coloca a la naciente Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) como un actor adicional para evaluar las condiciones económicas de la licitación, pues la CRT perdió sus atribuciones exclusivas de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como las tenía el IFT. El dictamen de la CNA será clave para que la CRT otorgue bloques sin generar barreras a la entrada.
La CRT tiene la oportunidad de diseñar una licitación que priorice el interés público con bloques nacionales en 600 MHz, mecanismos de garantía y ejecución, precios y derechos congruentes con la realidad socioeconómica del país y condiciones que fomenten la participación de operadores con capacidad real de inversión y despliegue. Los beneficios ya se conocen: mayor cobertura, mejor calidad y redes más resilientes que habiliten los derechos digitales de los mexicanos.
X: @beltmondi
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: