Un alto cargo iraní aseguró este martes a Reuters con la condición del anonimato que alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden el país, una cifra muy superior a la manejada hasta ahora por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. El responsable atribuyó las muertes de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad a “terroristas”, mientras que grupos independientes habían contabilizado previamente entre 500 y 600 víctimas mortales.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró este martes “horrorizado” por el aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes pacíficos. La oficina de Naciones Unidas citó fuentes propias sobre el terreno que apuntan a que “cientos de personas” han sido asesinadas desde el inicio de las protestas, las mayores que afronta la República Islámica desde 2022.
“Este ciclo de violencia horrenda no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas”, afirmó Türk en un comunicado leído por el portavoz del organismo, Jeremy Laurence. Preguntado por la magnitud de las muertes, Laurence insistió en que, según las fuentes de la ONU en Irán, las cifras se sitúan en el orden de los cientos.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta al fuerte aumento de los precios y evolucionaron rápidamente hacia una contestación frontal al régimen clerical. Según el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 573 personas han muerto —503 manifestantes y 69 miembros de las fuerzas de seguridad— y más de 10.000 han sido detenidas. Irán no ha publicado un balance oficial y Reuters no ha podido verificar de forma independiente las cifras.
Türk expresó además su preocupación por la posibilidad de que la pena de muerte sea aplicada contra miles de manifestantes arrestados durante la represión.
El régimen “resistirá”
Pese a la magnitud de la revuelta, analistas y fuentes diplomáticas coinciden en que, salvo que la presión internacional y la movilización en las calles provoquen deserciones en la cúpula del poder, el régimen, aunque debilitado, probablemente resistirá. Dos diplomáticos, dos fuentes gubernamentales en Oriente Próximo y dos analistas señalaron a Reuters que la arquitectura de seguridad del país —sostenida por los Guardianes de la Revolución y la milicia paramilitar Basij, que en conjunto suman cerca de un millón de efectivos— hace extremadamente difícil una coerción externa sin una ruptura interna.
“Para que algo así tenga éxito, es necesario que haya multitudes en las calles durante mucho más tiempo y que se produzca una fractura del Estado. Algunos segmentos del aparato estatal, en particular las fuerzas de seguridad, deben desertar”, explicó Vali Nasr, académico iraní-estadounidense y experto en conflictos regionales y política exterior de Estados Unidos.
La quinta gran revuelta desde 2009
El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, ha superado varias oleadas de protestas en el pasado. Esta es la quinta gran revuelta desde 2009, una muestra de la resiliencia del régimen, incluso en medio de una profunda crisis interna aún no resuelta, señaló Paul Salem, del Middle East Institute. Para que la situación cambie, añadió el exdiplomático estadounidense Alan Eyre, los manifestantes tendrían que generar suficiente impulso para superar las ventajas estructurales del Estado: instituciones poderosas, una base social significativa leal al poder clerical y la escala geográfica y demográfica de un país de 90 millones de habitantes.
La supervivencia del régimen, sin embargo, no equivale a estabilidad. La República Islámica afronta uno de sus desafíos más graves desde 1979, con una economía estrangulada por las sanciones, sin una vía clara de recuperación, y bajo una creciente presión estratégica de Israel y Estados Unidos. Su programa nuclear se ha visto debilitado y su red regional de aliados armados, el denominado “Eje de la Resistencia”, ha sufrido duras pérdidas en Líbano, Siria y Gaza.
La escalada de violencia ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reiterar amenazas de una posible intervención militar en apoyo a los manifestantes. Desde Naciones Unidas, no obstante, se expresó preocupación por una eventual instrumentalización de las protestas. “Existe el riesgo de que las protestas sean instrumentalizadas, y no deberían serlo por nadie”, advirtió el portavoz Jeremy Laurence.
Cortesía de El País
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