Los coletazos de la captura del dictador Nicolás Maduro Moros por parte de Estados Unidos, y su posterior juicio por narcotráfico en New York, también se sintieron en la capital antioqueña.
Como se ha reseñado ampliamente, en el escrito de acusación presentado por la justicia de Estados Unidos se ha mencionado que es tanto el compromiso de Maduro con el narcotráfico internacional, que incluso el hijo del exmandatario venezolano –identificado como Nicolás Ernesto Maduro Guerra alias Nicolasito– es mencionado 24 veces por su presunta participación en actividades vinculadas al narcotráfico y tráfico de armas internacional.
De hecho, según lo consignado en la acusación formal, hubo una reunión celebrada en Medellín en 2020, en la cual “Nicolasito” habría estado acompañado de dos representantes de disidencias de las Farc.
De acuerdo con el documento judicial, durante ese encuentro se habrían pactado acuerdos para coordinar el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, así como el movimiento de armas como parte de posibles pagos o intercambios relacionados con esas operaciones.
La noticia sobre la mención de Medellín en el documento judicial ha generado reacciones en la clase política local. En una reciente rueda de prensa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó los hechos como “muy graves” y recordó que, de confirmarse que la reunión se dio en 2020, será la administración pasada en cabeza del polémico exalcalde Daniel Quintero, la que deberá responder también.
Gutiérrez también manifestó que se debe aclarar si “Nicolasito” se reunió con los jefes de las estructuras ilegales de la ciudad. Así mismo, mostró su disposición a colaborar con las investigaciones internacionales.
“Todo lo que necesite el FBI, el gobierno de Estados Unidos y la justicia colombiana, estamos listos para apoyar desde la Alcaldía”, dijo, señalando que la administración local puede aportar información con base en –por ejemplo– sus sistemas de cámaras de seguridad.
El mandatario también destacó que existe una relación de trabajo con el FBI y el gobierno estadounidense, y que seguirán colaborando no solo en este caso, sino en otros temas de seguridad que afectan a Medellín.
La mención a la administración pasada hecha por Gutiérrez también cobra sentido teniendo en cuenta que en la administración Quintero hubo indicios de cercanas relaciones con ciudadanos venezolanos ligados no solo a las empresas estatales de la dictadura, sino también con el chavismo.
Como lo señaló este diario en 2023, los venezolanos Rafael Carrero Valentier y Eduardo Rodríguez Hernández, conocido como “Lalo”, habrían acompañado y facilitado ciertas maniobras políticas y contractuales durante la administración Quintero.
De Rafael Carrero cabe mencionar que es miembro de una familia que fue de las entrañas de Hugo Chávez, que hizo una gran fortuna en el gobierno de la llamada “Revolución Bolivariana” y, ahora, volcada a la oposición, es dueña de los Marlins de Miami. Por su parte, Lalo Rodríguez tuvo una estrecha relación contractual con el Estado venezolano, especialmente con PDVSA, donde su empresa obtuvo contratos por 2,5 billones de bolívares entre 2011 y 2017. Tras verse obligado a huir de Venezuela por razones de seguridad, llegó a Medellín a finales de 2018.
A este grupo se suma el venezolano Juan Biord Pereda, señalado como subordinado de Carrero y descrito como un “operador político”, cuya función habría sido el cobro de comisiones.
Según distintos testimonios, Carrero, Rodríguez y Biord habrían participado en negocios de alto valor financiados con recursos públicos de Medellín durante esta administración. El contrato de mayor cuantía mencionado es el otorgado por EPM a Canacol, para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto, por cerca de $5 billones, en el cual presuntamente se habría manejado una comisión de 50 millones de dólares. Además, producto de estas alianzas, se habría definido el control de la Secretaría de Educación, inicialmente para Carrero. De otro lado, a través de otras empresas, como TX, el grupo también habría accedido a contratos multimillonarios con la Alcaldía. Esto sin mencionar los posibles vínculos de este mismo grupo con Afinia, filial de EPM en la Costa Caribe, y con Plaza Mayor, hechos que, según se indica, serían objeto de futuras investigaciones.
¿Tendrían que ver estos tres venezolanos en la visita de “Nicolasito” a Medellín? Solo el tiempo lo dirá.
La visita de “Nicolasito” a Medellín también hizo revivir otro tema que parece inconexo, pero que con el “indictment” de Maduro cobra relevancia.
Y es que resulta que en 2016, el tercero de los hijos del temido narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán –es decir, Jesús Alfredo alias Alfredillo estuvo en el Aburrá.
Mediante una investigación de la revista mexicana Proceso, se conoció que Jesús Alfredo vivió varios meses en Medellín, Envigado y otros puntos de la región.
“Alfredillo” estuvo en varios apartamentos justamente de la zona del Poblado y Las Palmas (donde también estuvo “Nicolasito”) así como en Envigado.
Además, su seguridad fue proporcionada por la banda “La Terraza”, una subestructura de “La Oficina” especializada en proteger a capos internacionales que buscan refugio en la capital antioqueña.
Jesús Alfredo, durante su estadía en la región, habría aprovechado para celebrar reuniones con empresarios, con el ánimo de acordar el lavado de dinero. Según reseñó el medio especializado InSight Crime, habría tenido bajo su mando dos laboratorios de cocaína en la ciudad, además de la supuesta capacidad de coordinar envíos a México de hasta 400 kilos de droga a través de Buenaventura.
¿Y porqué mencionar este caso? Pues resulta que en el mismo documento de acusación contra Maduro Moros se reseñó que el dictador también tendría relaciones con el cartel de drogas manejado por el temido “Chapo” Guzmán.
Por ello, queda la pregunta: ¿Será la familia de El Chapo otra tuerca en el engranaje de la visita de “Nicolasito” a Medellín?
Cortesía de El Colombiano
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