La Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos en el municipio de Xochitepec, Morelos frenó en los tribunales el proyecto minero Esperanza Gold, de la canadiense Alamos Gold y sus subsidiarias, debido a que las seis concesiones mineras que abarcan casi 3,000 hectáreas, ponen en riesgo sus derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.
El 4 de septiembre de 2025, el juez federal concedió una suspensión definitiva, la medida paraliza todas las actividades de extracción minera del proyecto Esperanza Gold, la suspensión permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo.
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En conferencia de prensa, la comunidad demanda la cancelación judicial de los seis títulos de concesión minera y argumentó prácticas extractivas en comunidades originarias que ya tienen presiones hídricas.
“Las empresas cuando llegan a algún lugar, lo que presumen y lo que prometen, son el empleo, desarrollo para todos, que se va a acabar la pobreza”, sin embargo, “no son más que falsas promesas”, señaló Beatriz Olivera, de la Colectiva Cambiémosla Ya.
“La minería aporta a nuestro país una pequeñísima cantidad en cuanto a las finanzas públicas, menos del 1% de los ingresos que recibe nuestro país provienen del sector minero”, enfatizó, “la mayor parte de los pueblos que son mineros y de los cuales se ha extraído oro, plata y cobre en México superan los límites de pobreza a nivel nacional”, con comunidades que carecen de servicios básicos; “el dinero se lo llevan las empresas al extranjero y en los pueblos dejan casi nada”.
Ley minera
Antes de la Ley Minera del 2023 “las empresas mineras podían establecerse en cualquier lado, todo el territorio se podía consecionar libremente, incluso en áreas naturales protegidas como la zona arqueológica de Xochicalco, o en la Reserva de la Mariposa Monarca”.
La reforma de 2023 cambia ese panorama “ahora las empresas se lo tienen que tomar en serio y ya no se pueden otorgar, por ejemplo, concesiones en áreas naturales protegidas, zonas de estrés hídrico y que representen un riesgo para la población; las empresas además tienen que obtener el consentimiento de las comunidades”.
La reformada Ley Minera se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ahora en 2026 todavía no se ha emitido el reglamento de dicha ley, el cual contiene legislación secundaria, “que nos va a dar el tema de tiempos, trámites, lo que operativiza a esta ley”.
“Tenemos que estar muy atentos a evitar retrocesos en lo que ya ganamos”, especialmente ante la forma en que “están abriendo la puerta a las empresas mineras”, ya que estas no deberían tener injerencias en la redacción del reglamento es una obligación del Estado, añadió en referencia a las reuniones de trabajo entre la Secretaría de Economía (SE) y la Cámara Minera de México (Camimex).
Impacto
La comunidad señala que un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 2023 concluyó que la demanda de agua del proyecto sobrepasa la disponibilidad del acuífero, ya que requiere 760,000 metros cúbicos de agua al año, este volumen representa el 51.14% de la disponibilidad existente del acuífero de Cuernavaca, el cual ya está oficialmente sobreexplotado.
Se trata de una mina de tajo a cielo abierto que utiliza el método de lixiviación con cianuro, la zona de extracción se planea a 1.6 kilómetros de las viviendas de la Unidad Habitacional Morelos mientas los patios de lixiviación con cianuro se ubicarían a un kilómetro de dichas viviendas, la comunidad afectada presenta condiciones de alta vulnerabilidad y rezago social.
Gabriela Carrión, abogada de TerraVida explicó que “el juicio de amparo cuenta con una suspensión definitiva respecto de la explotación minera”, sin embargo, “la Secretaría de Economía decidió impugnar la resolución” y el recurso está pendiente de ser resuelto.
Cortesía de El Economista
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