El reciente reintento del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil ha colocado sobre la mesa no solo objetivos de política pública, sino también desafíos operativos, legales y de ejercicio de derechos fundamentales.
Sin duda es una tarea compleja, por decir lo menos, que para su materialización exitosa en este su tercer intento podría tener la clave del ajuste en el “plazo fatídico” de su ejecución, principalmente.
El análisis de su necesidad y efectividad queda para una entrega posterior.
Dimensionamiento del registro. México cerró el año 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas que para registrarlas y vincularlas en el plazo determinado de 172 días representaría, en números redondos, documentar un millón de líneas al día de forma continua. Labor que luce más que titánica, materialmente imposible.
Más allá de un asunto de voluntades se trata de uno de capacidades reales: infraestructura tecnológica, procesos operativos, capacitación del capital humano, software especializado, equipo de cómputo, data centers, entre muchos otros elementos en este complejo proceso.
La presión operativa. La imposición de un plazo fijo inferior a seis meses compadece con la heterogeneidad del mercado móvil. No todos los operadores cuentan con los mismos recursos técnicos ni financieros.
Como ya lo han externado formalmente, para los Operadores Móviles Virtuales (OMV) esta obligación supone cargas desproporcionadas, tales como la contratación de proveedores tecnológicos, desarrollo de plataformas de validación, pruebas de seguridad, adecuación de procesos comerciales y atención al cliente, todo en un margen de tiempo muy corto.
Seguridad y privacidad: eslabones débiles. Como se ha hecho claro con las pifias de Telcel, el agente económico preponderante y sus fugas de información desde los primeros días del ejercicio a lo que le han seguido parches en sus sistemas. A la complejidad operativa, se suma la preocupación de asegurar la protección de los datos personales. Y eso que Telcel cuenta con aproximadamente 85 millones de usuarios, es decir, dos tercios de la población nacional.
El registro implica concentrar información altamente sensible de millones de usuarios. Sin una arquitectura robusta, estandarizada y plenamente auditada, el riesgo de filtraciones, usos indebidos o vulneraciones a la privacidad es real.
Hoy no existen garantías claras de que los distintos sistemas que se están desarrollando cuenten con niveles homogéneos de ciberseguridad ni con esquemas sólidos de interoperabilidad. Centralizar datos sin blindajes suficientes no reduce riesgos, los multiplica.
Relajar el plazo: condición necesaria de viabilidad. Si realmente se busca lograr que el registro se materialice, la clave no está en fijar un plazo prácticamente imposible de lograr, sino en relajarlo.
Ampliar el plazo de cumplimiento permitiría construir procesos más sólidos, sistemas más seguros y una implementación gradual que minimice errores, exclusiones y vulnerabilidades.
No se trata de echar para atrás el registro, sino de hacerlo bien.
Un calendario realista es la condición mínima para que esta política sea viable, como esfuerzo colectivo entre operadores, autoridades y usuarios.
Insistir en cumplir plazos imposibles no garantiza su materialización. Por el contrario, debilita la confianza, pone en riesgo derechos y amenaza con convertir un objetivo legítimo en un fracaso anunciado.
Los riesgos son manifiestos ya desde los primeros días de su entrada en vigor, al tener lugar registros incompletos, errores en la captura de información, saturación de sistemas que pueden resultar, en el peor de los casos, la suspensión indebida de líneas activas. Esto último no es un asunto menor.
Cancelar servicios de conectividad por incumplimientos administrativos afecta directamente a usuarios que dependen de la conectividad móvil para trabajar, estudiar, comunicarse o acceder a servicios esenciales.
Por ello, relajar el plazo de cumplimiento no es renunciar a un objetivo, sino asegurar que cuando se implemente, lo haga con garantías técnicas y legales que realmente protejan a los usuarios y fortalezcan la seguridad sin vulnerar derechos.
Cortesía de El Economista
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