La discusión previo a la reforma electoral se ha centrado en el tamaño del Congreso y las funciones de la autoridad electoral, bajo un argumento central en los gobiernos morenistas: la austeridad es requisito indispensable. Y más, en las campañas.
Una contradicción, aparente, debilita uno de los argumentos-ancla de esta propuesta para reconfigurar las reglas de la competencia entre los partidos políticos. Y es que la ampliación de las figuras de democracia participativa podrían derivar en más elecciones organizadas por el INE… y en una estructura más robusta para contar los votos, ya sean elecciones constitucionales, judiciales, plebiscitos o consultas populares.
Justo dentro de dos semanas, la mayoría morenista conocerá la iniciativa de reforma elaborada por la Comisión Presidencial, que encabeza Pablo Gómez, y que deberán defender en el debate parlamentario. Muy poco tiempo para interiorizarse en las ideas y los contenidos de la propuesta, que no admitirá que le cambien siquiera una coma.
La soberanía social, entre los conceptos más relevantes. El derecho a tomar directamente decisiones colectivas sobre los asuntos que competen a todos es el fundamento para ampliar el catálogo y someter a consultas las propuestas gubernamentales.
Esta “desmonopolización del derecho a decidir sobre aquellos asuntos generales” implica la inversión del orden de mando, que busca instituir el derecho a decidir en común y materializar otro cambio cultural prometido por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: la reapropiación social de la riqueza nacional.
Detrás de estos conceptos, los estudios del sociólogo y matemático boliviano Álvaro García Linera, quien desde su breve autoexilio en Ciudad de México durante los primeros meses de la pandemia de la Covid-19, se ha convertido en uno de los pensadores más influyentes dentro del claudismo.
García Linera ocupó la vicepresidencia de su país entre 2006 y 2019. A ese cargo llegó junto a Evo Morales, con quien había creado el Movimiento al Socialismo en la década anterior. Es reconocido como el principal teórico e ideólogo de la reforma constitucional que convirtió a Bolivia en un Estado Plurinacional, en 2009.
¿Un katarista en Palacio Nacional? García Linera se graduó como sociólogo y a finales de la década de los ochenta del siglo XX tuvo su primera estancia en México, tras de haber sido excarcelado por su involucramiento en la guerrilla.
Quizá no coincidió con Claudia Sheinbaum en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero es seguro que allí conoció a la académica mexicana Raquel Gutiérrez, quien fue su pareja hasta el 2011, otro de los referentes intelectuales de la izquierda morenista actualmente radicada en Puebla.
A diferencia del modelo español (materializado en la proeza del Podemos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón), en México nació un movimiento —bajo el liderazgo de AMLO— que supo incorporarse al sistema de partidos y derrotar al establishment con sus propias reglas, para alcanzar al gobierno y convertirse en la hegemonía parlamentaria.
Los teóricos del progresismo saben que los gobiernos de izquierda en América Latina representan a una generación rupturista, que no puede optar con el gradualismo ni la continuidad de aquella transición cimentada en los pactos políticos que buscaban perpetuar el viejo sistema partidista.
Así, con el respaldo obtenido en las urnas en el 2024, será impuesto un nuevo sistema político, producto de una reforma profunda. La 4T sabe –gracias a García Linera— que el poder constituyente radica en el gobierno. Y que este es el momento adecuado para inaugurar un nuevo sistema partidista.
Cortesía de El Economista
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