Por Horacio Rivera
A partir de las acusaciones que los gringos han hecho al gobernador con licencia, Rocha Moya, han rodado también las cabezas de algunos generales del Ejército Mexicano; sólo que esta vez hubo reproches y acusaciones por parte de los militares. Pareciera que el amasiato entre el poder civil (nuestra ilustre clase política) y el poder militar comienza a fracturarse. Si las cosas continúan así, un día no muy lejano el Ejército tendrá que decidir de qué lado está
La bronca comenzó el domingo 17 de mayo, cuando Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, responsabilizó al Ejército de la decisión de haber nombrado al general Gerardo Mérida, hoy recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, como secretario de Seguridad Pública del gobernador Rocha. Eso sí caló hondo entre “los verdes”. Los dichos de la gobernadora de inmediato hallaron respuesta por parte del comandante de la 9 Zona Militar con base en Culiacán, el general Santos Gerardo Soto. Se asegura por distintos medios que lo menos que le dijo mi general a Bonilla fue “No sea sinvergüenza, ustedes han hecho todo el desmadre. Ustedes tienen a Sinaloa ardiendo. No vengan a culpar al Ejército de lo que ustedes mismos han provocado”. Luego del zafarrancho, el general pidió su relevo como comandante de la 9 Zona militar. Cuando se agarran las comadres, salen las verdades.
Un día después del agarrón en Sinaloa, en Zacatecas el general de brigada, Isaac Bravo López, era removido como comandante de la 11 Zona Militar. El motivo, acusaciones en redes sociales sobre una presunta investigación del gobierno gringo que relaciona al general Bravo con la maña. Duró menos de un año y medio en el cargo. Esta vez el general Trevilla, secretario de la Defensa, actuó de inmediato. Tan pronto reventó el escándalo en Sinaloa, decidió cortar por lo sano en Zacatecas, antes de que el entuerto se hiciera más gordo. Sí. Está ocurriendo lo que muchos temían; el pacto de impunidad entre la clase política y el Ejército se desquebraja. Durante años unos y otros se protegieron mutuamente. El Ejército nunca se metió en las transas de los políticos, y los políticos jamás cuestionaron las maromas de los militares. Ni mucho menos les pidieron cuentas acerca de su papel como constructores y administradores, lo mismo de trenes, aeropuertos y refinerías, que de las aduanas y la Guardia Nacional.
No parece tan lejano aquel 2022, cuando, durante el gobierno de López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, rechazó comparecer ante diputados federales para explicar cómo había sido posible que miles de archivos “confidenciales” hubieran sido sustraídos de los servidores de la Sedena por el famoso grupo de hackers, conocido como Guacamaya. Ya de refilón el general Sandoval dijo aquella vez que si les urgía tanto que diera explicaciones, prefería hacerlo en la comodidad de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Ahí murió la cosa. Nadie volvió a molestar al general. Incluso Adán Augusto López, a la sazón, secretario de Gobernación, salió a justificar su postura. El changarro iba jalando de maravilla, hasta que los gringos aparecieron en escena.
Tomar distancia
La intervención de los gringos sólo puede prometer una cosa, que la relación entre el poder político y el poder militar en México cada vez se torne más explosiva. De ser así, llegará un momento en el que los militares tendrán que decidir si continúan apoyando al partido en el poder o marcan distancia con contundencia. En el caso de Sinaloa, queda también claro que el Ejército tiene una enorme injerencia en la vida política del país; sólo así se explica el gobernador Rocha haya aceptado sin reparos que el general Gerardo Mérida, que hoy está soltando la sopa en Estados Unidos, se haya quedado como su secretario de Seguridad Pública. Ya visto así y, aunque al Ejército pida que no se le involucre, el conflicto que hoy tiene en guerra a Sinaloa no es responsabilidad exclusiva de Rocha. Son muchos los actores, además de la maña.
Golpe de estado
¿Qué daña más un ejército, un capitán que tiene pacto con el narco o un general? Así de bote pronto, se podría pensar que es más grave que un general sea corrupto a que lo sea alguien de menor rango, como podría serlo un capitán. Lo cierto es que en el caso de un general, su tiempo ya casi se ha terminado. Ya tuvo poder y mando, y ya no aspira a mucho más, sino a un buen retiro. Un general trata con generales, no con la perrada. Claro está que hay generales con quienes esto no aplica. Pero tratándose de un capitán, la cosa es bien distinta. El capitán tiene un futuro por delante, tiene sueños y ambiciones; le esperan distintos cargos en diferentes lugares. Un capitán tiene relación con mucha gente de todo tipo. Por lo que hay más posibilidades de que se corrompa. Todo esto viene a colación por la crisis que podría avecinarse dentro del Ejército. Tal vez es hora de cambiar paradigmas, usos y costumbres al interior de las fuerzas armadas. López Obrador les dio tanto poder y tanto dinero, que son pocos los entuertos nacionales en los que los soldados no tienen algún tipo de participación. Otro tanto pasa con la Marina, que como se sabe, ha evitado a toda costa que el ex secretario de Marina de López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán, testifique en el caso de sus dos sobrinos políticos, un almirante y un sub almirante, acusados de ser parte de la mafia del huachicol. La llamada “Decena Trágica” (Ciudad de México, 1913) fue el último golpe de estado militar del que se tenga memoria en México. Aquella vez un grupo de generales, encabezados por Victoriano Huerta, con el apoyo de los gringos, derrocaron al presidente Francisco I Madero, quien después sería emboscado cuando era llevado a la penitenciaría de Lecumberri. Si hoy hubiera un golpe de estado militar en México, ¿a quién pondría el Ejército a gobernar?
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