Por Horacio Rivera
Ya apareció Ángel Aguirre Rivero, aquel que fuera gobernador de Guerrero precisamente cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno morenista acusa a Aguirre Rivero de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, luego de casi doce años de la presunta comisión de los delitos. ¿Llegó la justicia tarde?
Aguirre Rivero fue arrestado en la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán en el Estado de México. Pasaron casi doce años antes de que lo alcanzara el largo brazo de la ley. ¿Por qué hasta ahora?, preguntaría más de uno. Y cualquiera le contestaría que lo de Aguirre Rivero es una de las tantas balas de plata con las que cuenta el gobierno morenista para salir de alguna bronca. Y esta vez la presidenta Sheinbaum decidió disparar una de esas balas, no sólo para distraer la atención de temas que son preocupantes, sino para calmar los ánimos de los padres de los 43 desparecidos, a unas semanas de que se cumpla un aniversario más del levantón.
A fuerza de tantas presiones y promesas de campaña sin cumplir, el gobierno de la presidenta Sheinabum ya se sabe el guión de arriba abajo. Ha aprendido a lo largo del tiempo que, tratándose del caso Ayotzinapa, más vale adelantarse a las protestas y las marchas. Al menos este año ya hay un pez gordo detenido. Alguien que tendría que ofrecer muchas explicaciones. Las mismas explicaciones que nunca dio. Quienes en su momento pagaron los platos rotos fueron José Luis Abarca, el ilustre presidente municipal de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, su esposa. Fueron de los primeros en ser encarcelados al igual que decenas de agentes y mandos operativos de la policía de Iguala.
Pero al entonces gobernador, Aguirre Rivero, no fue molestado. Se intervenciones se limitaron a dar algunas conferencias de prensa para salir del paso. Fue el propio presidente Peña Nieto quien decidió intervenir para asegurarse de que un asunto que apestaba a corrupción y crimen organizado quedara en la esfera del gobierno federal. En efecto, Peña Nieto Terminó haciéndose responsable de un lío que bien pudo haber dejado en manos de Aguirre Rivero, pero por alguna razón muy poderosa prefirió pagar personalmente el costo político. Tal vez el fantasma de la matanza de los estudiantes del 68 puso a temblar a Peña Nieto. Como quiera que haya sido, la herida estaba abierta. El entuerto le fue heredado a Morena, como si fuese una especie de irónica venganza por todas las maromas que en su momento hicieron López Obrador y la izquierda para lucrar políticamente con el caso Ayotzinapa. Usaron al monstruo creado por el PRI y luego tuvieron que enfrentarlo.
En cuanto a Aguirre Rivero, no se sostuvo en el cargo de gobernador ni siquiera un mes más, luego de la Noche de Iguala. El presidente Peña Nieto le cortó la cabeza el 23 de octubre de 2014. Luego lo escondió de los medios y de los padres de los estudiantes. Poco se supo de él, hasta que le cayeron, casi doce años después. Ya se sabe que en México la justicia puede ser tan expedita o tan lenta, dependiendo de lo que resulte más conveniente para aquel que tiene el poder.
¿Y el Ejército?
Lo que se le podría reprochar al actual gobierno es que a la par que detuvo a Aguirre Rivero, aún no ha llamado a testificar sobre el caso Ayotzinapa al célebre general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto. En reiteradas ocasiones, tanto los colectivos de búsqueda, como los padres de los 43, han acusado al Ejército Mexicano de ser tapadera del cártel que, se supone, desapareció a los estudiantes normalistas. Al general Cienfuegos se le señala de haber obstaculizado las investigaciones y el acceso a los archivos del Ejército, solicitados por los grupos de expertos independientes que se involucraron en el caso Ayotzinapa. Mientras no se cuente con el testimonio de los altos mandos del Ejército de esa época ninguna investigación podrá llegar demasiado lejos. Tanto el gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador y, hoy, el de la presidenta Sheinbaum, mucho cuidado han tenido de mantener la narrativa de que el Ejército nada tuvo que ver en la Noche de Iguala. Antes que tocar al Ejército, el gobierno de Peña Nieta prefirió echarle la bronca al procurador, Murillo Karam, el padre de la “verdad histórica”. No se le puede regatear el gobierno de Sheinbaum que haya apresado a Aguirre Rivero. Porque si hay alguien que sabe qué ocurrió en Iguala es él. Era el gobernador. Nada menos. Lo que levanta sospechas es que la justicia morensita no mida a todos sus cortesanos con la misma vara. Mientras al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por los gringos de narcotráfico, se ha vuelto el “intocable del sexenio”, el priista Ángel Aguirre es apresado y acusado de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas.
Gobernantes
A Aguirre Rivero le estalló en las manos el caso Ayotzinapa, igual que años antes le estalló el caso Aguas Blancas al gobernador Rubén Figueroa. Ambos gobernadores tuvieron que dejar el cargo en medio de la crisis. Pero eso no solucionó de manera alguna la violencia en Guerrero. Tampoco trajo mejores gobernantes. Al contrario. Todo se envileció un poco más. Hace poco la ex presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, dijo en una asamblea en Iguala, que Guerrero “está tirado”, cuestionando con ello la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado, su compañera de partido. Luego, Abelina rechazó las acusaciones (surgidas, según ella, del “fuego amigo”) en las que se afirma que se robó 898 millones de pesos. En tanto, Aguirre Rivero ya compareció ante un juez de control de Almoloya. Se dice que se le vio desmejorado y en silla de ruedas. ¿Será suficiente para los padres de los 43 y para la comentocracia la caída de alguien como el ex gobernador de Guerrero?
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