Fue en el 2007 cuando inició el juicio con uso de documentos apócrifos que pretendía relacionar laboralmente a una persona en perjuicio de Grupo Herdez. Las actuaciones integradas por una primera instancia por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y que ahora atrajo la Fiscalía General de la República, documentaron los mecanismos de presión legal y mediática a los que estuvo sujeta la empresa mencionada. La carpeta de investigación desglosa el origen de dicho procedimiento.
Según la entrevista ministerial de Irene León Escamilla, el juicio laboral fue diseñado de forma deliberada como un ataque directo contra el patrimonio de la corporación empresarial.
La FGR cuenta con el documento bajo análisis, que revela que el litigio no derivó de una controversia legítima entre trabajador y empleador, sino de una planeación estratégica gestada en un bufete particular. “Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas” se lee en la declaración donde se incluye en la conducta que describe.
León Escamilla refirió ante la autoridad penal que las condiciones y los montos del reclamo fueron elevados artificialmente con la finalidad de forzar a la empresa a un acuerdo económico.
Las constancias exponen que la marca mantuvo una postura de firmeza institucional frente a las exigencias del despacho, lo que permitió trasladar las actuaciones al ámbito del derecho penal.
“Y me di a la tarea de consultar en aquella época en páginas de internet y medios oficiales y me percaté que efectivamente el señor Alfredo Jorge Colín Huerta no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas…en ese momento yo solamente me limité a seguir instrucciones por miedo a perder mi trabajo, aunque en reiteradas ocasiones le comenté a mi jefe que en cualquier momento nos podían cachar”.
La indagatoria ministerial detalla cómo los elementos presentados ante las juntas laborales fueron estructurados mediante hechos inexistentes y alteración de perfiles profesionales.
“Siendo que una vez que no fueron cumplidas las exigencias de mi entonces jefe, salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”. Se lee en la declaración sobre el esquema en que laboró León Escamilla.
El curso de la investigación penal se enfoca en esclarecer en su totalidad el diseño de esta estrategia y el alcance de las afectaciones intentadas contra la firma comercial además de indagar si hay más involucrados en estos hechos.
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