Sentencian a 78 años de prisión a responsables del homicidio de Fernandito en Edomex

Por Lauro Galicia

“La Fiscalía Edomex acreditó la participación de Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz, quienes refirieron que “la madre del menor de edad tenía una deuda económica con ellos”.

 Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron sentenciados a 78 años y 9 meses de prisión, cada uno, por su participación en los ilícitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, cometidos en agravio de un niño de 5 años, de iniciales F.D.G.S. (Fernandito).

Derivado de actos de investigación de esta Fiscalía, se pudo establecer que el pasado 28 de julio de 2025, los ahora sentenciados privaron de la libertad al menor de edad, como medio de presión para exigirle a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.

Posteriormente, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de ese mismo año, la ofendida acudió al domicilio de los agresores ubicado en el municipio de La Paz, para recuperar a su hijo, no obstante, Lilia, Ana Lilia y Carlos lo ocultaron.

El 4 de agosto de 2025, la ofendida denunció los hechos, por lo que elementos policiales realizaron una búsqueda del niño en el domicilio de los sujetos, donde fue localizado sin vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Adicionalmente, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo a una investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable responsabilidad de servidores públicos de esta Institución en la comisión de actos de abuso de autoridad por la negación del servicio en perjuicio de M.N.G.S. madre de Fernandito.

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Esta indagatoria estableció que la ofendida acudió el domingo 3 de agosto al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”, lo cual hizo del conocimiento a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, a su vez éste se lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento quien le refirió al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

Luego de estas manifestaciones por parte de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, el lunes 4 de agosto, a formular denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz.

En ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad y elementos de la Fiscalía en coordinación con Policía Municipal de Género acudieron al domicilio proporcionado por la víctima, donde al arribar se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad, en cuyo interior lamentablemente se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad.

Diversas periciales practicadas al cuerpo de la víctima establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico con un intervalo de muerte de 3 a 5 días previos al hallazgo, es decir, habría ocurrido entre el 30 de julio y el 2 de agosto, lo anterior también se estableció al considerar la entrevista recabada en sede ministerial a la madre de la víctima en la que refirió que la privación ilegal de la libertad de su hijo sucedió el lunes 28 de julio.

Tras ser detenidos, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras proceso legal y luego de revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, les dictó sentencia de 78 años y 9 meses de prisión.

Además, les fijó multas de 1 millón 258 mil 682 pesos, el ⁠pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 618 mil 712 pesos y pago de la reparación del daño material por la cantidad de 39 mil pesos, así como la ⁠suspensión de derechos políticos y civiles.

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