Por Horacio Rivera
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa que durante más de ocho años del morenismo ha sido comparsa del gobierno federal, ahora sí se va a poner a chambear. Investigará los presuntos abusos cometidos por la policía del gobernador emecista, Pablo Lemus, durante las protestas del agua en Guadalajara. ¿Y a los policías heridos también se les hará justicia?
Gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, bombas aturdidoras… Esa fue la estrategia del gobierno de Jalisco para calmar los ánimos de la turba enardecida, la cual tomó las calles de Guadalajara el 11 de octubre pasado para protestar por el agua turbia y pestilente que surge de los grifos. El gobierno de Jalisco mencionó 39 arrestos, 31 civiles lesionados y 28 policías heridos. La Fiscalía dejó libre a la mayoría de los detenidos, pero siete de ellos no tuvieron tanta suerte. Fueron trasladados al penal de Puente Grande, Jalisco, y vinculados a proceso por delitos como lesiones dolosas o resistencia a particulares. El gober Lemus y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, simplemente aplicaron la ley. Cosa que resulta tan poco frecuente en México, que para algunos el hecho de poner orden es considerado como un exceso. ¿Hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante la protesta por el agua? Pues si la hubo, también hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los manifestantes, que terminaron mandando al hospital a 28 policías. Claro que ante la presión de los medios y de la propia presidenta Sheinbaum, el gobernador Lemus no tuvo más remedio que tragar sapos y aceptar que el operativo se salió de control y que no se debió usar gas lacrimógeno ni chorros de agua contra los manifestantes.
Ya se vio que Guadalajara no es la Ciudad de México, la cual ha estado gobernada por la izquierda desde hace casi treinta años. Casi tres décadas en las que el gobierno progresista ha permitido que la ciudad sea el escenario de innumerables marchas y protestas violentas. En las que no se hace nada para imponer el orden ni el estado de derecho. Se han apoderado de las calles y pisoteado los derechos de miles de ciudadanos que ni la deben ni la temen. Saqueos en comercios, destrozos en el mobiliario urbano, pintas, daños a edificios históricos y millones de pesos en pérdidas… Todo en absoluta impunidad. No hubo un solo contingente de la policía que siquiera tratara de evitar que una turba de porros tomara el Zócalo el pasado 2 de octubre, durante el memorial del 68, y arremetiera contra Palacio Nacional. Ahí mismo un miembro del llamado bloque negro resultaría herido de gravedad, cuando la bomba molotov que pretendía lanzar por arriba de una valla, le estalló en la mano.
Derechos humanos
Y es cuando aparece en escena la CNDH dirigida por Rosario Piedra Ibarra, cuyo mayor mérito es su sospechosa cercanía con el gobierno morenista. Tiene la vara tan alta con López Obrador y su corte, que en noviembre de 2024 Rosario fue electa para un segundo periodo (2024-2029), pese a haber sido la aspirante peor evaluada en los exámenes técnicos, además de enfrentar acusaciones graves por haber presentado una carta de recomendación apócrifa, atribuida al obispo Raúl Vera. Mala idea aquello de que Rosario continuara al frente de la CNDH. Hoy, entre varias cosas, se le reprocha que en 99% de las quejas presentadas contra la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, la CDNH haya estado a favor del poder militar, en vez de defender a las víctimas. Con ese historial y luego de más de ocho años de ser comparsa del gobierno y de nunca levantar la voz contra abusos y crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas de miles de mexicanos, cuyos restos han sido localizados en fosas clandestinas, hoy Rosario desempolva la espada justiciera y se lanza contra la oposición, personificada en el gober Lemus, quien deberá permitir que la CDNH investigue los presuntos abusos policiales y actos de tortura, cometidos el pasado 11 de octubre. Cómo agradecerían los colectivos de madres buscadoras que Rosario les dispensara la misma atención y energía que le dispensa al caso del agua en Guadalajara. Al menos que solicitara el apoyo del gobierno para ayudarlas a rescatar debajo de la tierra los restos de sus desaparecidos.
Las manos al fuego
Habría que preguntarle, tanto a la presidenta Sheinbaum como a Rosario, si la CNDH también hará una investigación para deslindar responsabilidades y señalar a quienes agredieron a los policías que fueron hospitalizados. Eso pareciera estar lejos de ocurrir. Luego del bombardeo mediático, todo indica que el gober Lemus ha dejado a los policías a su suerte. Ellos son los malos del cuento y, por lo tanto, sus derechos humanos no importan. Que se chinguen. ¿Cómo pretendemos tener mejores policías, si éstos cuentan con el apoyo de nadie, ni siquiera de sus propios jefes? ¿A caso Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, metió las manos al fuego para evitar que su exfiscal general fuera acusado de traición a la patria debido a la presencia de varios agentes de la CIA, que se presume, participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara? No. La gobernadora dejó que su exfiscal pagara los platos rotos.
Tras el zafarrancho del 11 de octubre en Guadalajara, se realizaría otra marcha al domingo siguiente, que volvió a derivar en disturbios y destrozos en edificios públicos, como el Palacio de Gobierno. Sólo que esta vez la gente detuvo la manifestación, cuando identificó a grupos de choque que se habían infiltrado para provocar enfrentamientos con la policía. ¿Quién envió a los agitadores a generar violencia? La cúpula de Movimiento Ciudadano acusó a diputados de Morena, ligados a grupos de porros pertenecientes a “JóvenEsMorena”, la red oficial de juventudes del partido. Como era de esperarse, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, negó todo. Casi le dijo a la prensa a mí que me esculquen. Cuidado con encender la mecha, estamos viendo en Francia lo que ocurre cuando el Tigre sale a la calle embravecido.
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