La presión sobre la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha trascendido de una serie de publicaciones periodísticas a una crisis institucional. La presidenta del órgano electoral enfrenta una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización del Estado, por posibles irregularidades en las contrataciones del organismo, por los cuestionamientos sobre sus vínculos con proveedores y ante una exigencia presidencial de que se extinga cualquier sombra de corrupción en la autoridad encargada de organizar los comicios en México. Y en medio de la controversia, una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que fue convocada la consejera este viernes ha sumado interrogantes sobre el futuro de la funcionaria.
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