La brecha de la derechohabiencia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima cerca de 78 millones de derechohabientes potenciales, mientras que la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 identifica una población considerablemente menor que declara estar afiliada a esa institución. La diferencia ronda los 25 millones de personas. ¿Quién tiene razón? La pregunta está mal formulada. No necesariamente se trata de un error. Las cifras provienen de dos maneras distintas de reconocer y representar una misma relación social: la que existe entre las personas y la institución encargada de protegerlas.

La diferencia merece atención porque la derechohabiencia no es solamente una cifra administrativa. Es una condición jurídica, una relación institucional y una expectativa de protección. Se puede tener derecho sin ejercerlo, contribuir a la seguridad social mientras se utilizan servicios privados y reconocer la posibilidad de recibir atención pública sin declarar una afiliación. Son situaciones que conviven en México, aunque los instrumentos de información oficiales no siempre permiten distinguirlas.

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