Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el combate al huachicol inició con fuerza, pero terminó en silencio. Pese a promesas, la tragedia de Tlahuelilpan dejó 137 muertos sin responsables. El robo persistió, mientras empresas vinculadas al negocio siguieron operando sin consecuencias. En contraste, Claudia Sheinbaum ha priorizado una estrategia más efectiva y coordinada.
En este contexto, en la Mesa de Análisis de A Fuego Lento con Alfredo González e Isaías Robles en Heraldo Radio, estuvieron presentes Samuel León Sáez, académico e investigador especializado en mercados negros de combustibles por la Universidad de Oxford, Inglaterra y Hugo Rojas Silva, experto en temas hídricos y exdirector de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), dieron su opinión sobre este tema.
Samuel León Sáez explicó que el gobierno de López Obrador enfrentó un mercado negro altamente activo en 2018, ante ello, el entonces presidente ordenó el cierre de ductos estratégicos, lo que derivó en un desabasto histórico en al menos 16 estados del país a inicios de 2019.
En ese año se estima que se robaron alrededor de 24 millones de barriles. El entonces presidente ordenó cerrar ductos estratégicos y declaró que el mercado negro había desaparecido. Pero eso no era sostenible”, dijo Samuel León.
Mercado negro de combustibles persiste y se transforma
Aunque la medida redujo el robo de combustible en un 6 por ciento, según el investigador, los costos económicos de la estrategia superaron las pérdidas originales. León Sáez indicó que su propia estimación conservadora detectó un faltante de cinco mil 800 millones de barriles en 2019, muy por encima de los 1.8 millones reportados oficialmente por Pemex en ese año.
Posteriormente, durante la pandemia, el mercado negro se transformó. León Sáez señaló que a partir de 2020 se detectó un incremento inusual en la importación de aceites base y lubricantes, los cuales habrían sido utilizados para introducir gasolina y diésel sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En 2020 y 2021 comenzaron a entrar al país grandes volúmenes de lubricantes y aceites base que, en realidad, eran gasolina y diésel. Se utilizaba esta clasificación para evadir el pago del IEPS, generando una ventaja del 40% frente al mercado formal”, señaló Samuel León.
León Sáez agregó que la mayoría de estos productos provenían de Texas y que las autoridades mexicanas tardaron en responder: “el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente denunció la magnitud del problema y su vínculo con redes criminales, incluso con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, apuntó.
Respecto a la nueva administración, el investigador considera que existe un cambio de enfoque: “creo que la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad sí están intentando golpear a las redes criminales que dominan sectores estratégicos como este. Hay mayor voluntad política y una visión más sofisticada”, afirmó.
El robo de agua en México supera las estimaciones oficiales
En su intervención, Hugo Rojas Silva destacó que el robo de agua en México, también conocido como “huachicol de agua”, es un fenómeno mucho más amplio de lo que se ha documentado oficialmente.
Es más grande de lo que alguna vez se han hecho estimaciones o de lo que se ha tratado de obtener información a través de los diferentes responsables de la distribución o concesión de agua en México”, declaró Rojas Silva.
De acuerdo con datos oficiales, se registran aproximadamente 150 mil tomas clandestinas al año. Sin embargo, el especialista advirtió que esta cifra podría estar subestimada, ya que en grandes zonas urbanas como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México se podría alcanzar un número similar de tomas ilegales únicamente en esas localidades.
Todos los usuarios del agua básicamente son responsables, por la compra o por el uso directo”, indicó Hugo Rojas Silva.
Señaló que desde quienes abren un ducto para vender agua hasta quienes perforan pozos ilegales en sus propiedades, todos participan de manera directa en este delito. Rojas también subrayó la falta de supervisión por parte de las autoridades federales como un factor clave.
Hoy por hoy, los prestadores de servicios de agua tienen muy pocas herramientas para poder detectar este ilícito”, dijo, al tiempo que resaltó que la ausencia de tecnología de medición dificulta el control del recurso.
En cuanto a la localización del fenómeno, explicó que, si bien las grandes ciudades presentan más tomas clandestinas en términos numéricos, en cuanto a volumen robado, las zonas rurales o poco urbanizadas representan el mayor desafío.
Estas prácticas se realizan donde existe poca vigilancia y baja densidad poblacional”, puntualizó Hugo Rojas Silva.
Para combatir este delito, Rojas Silva propuso como primera medida la implementación de sistemas de medición.
Si no sabemos cuánto es el agua que llega y cuánto entregamos, no podemos hacer un balance. Necesitamos saber de cuánto es el volumen que estamos perdiendo”, concluyó.
México impulsa nuevo modelo ferroviario con enfoque en pasajeros y conectividad regional
La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), que próximamente será renombrada como Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, avanza en un ambicioso plan para reactivar y expandir el servicio ferroviario de pasajeros en el país, así lo detallo su titular Andrés Lajous.
En su intervención en el programa de A Fuego Lento, Andrés Lajous dijo que el proyecto surge tras décadas de abandono del transporte ferroviario de pasajeros, luego de que en los años 90 las vías fueran concesionadas a empresas privadas enfocadas principalmente en carga. El nuevo modelo busca reequilibrar esta lógica, priorizando el servicio público, la conectividad y la reducción de tiempos de traslado entre ciudades.
La agencia tiene como atribuciones principales la planeación del sistema ferroviario nacional, la regulación y supervisión de concesiones, la construcción de vías férreas y la asesoría técnica a gobiernos locales. Para 2025, se cuenta con un presupuesto de 92 mil millones de pesos, destinado a iniciar obras en tramos clave como México–Pachuca, México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.
No está contemplado que haya inversión privada en la operación del sistema. Sí participan empresas como proveedores, pero la inversión y gestión serán públicas”, dijo.
Uno de los proyectos más avanzados es el tren Buenavista–AIFA–Pachuca, cuya primera fase (hasta el AIFA) se prevé entre en operación en diciembre, con un tiempo estimado de 39 minutos entre terminales. También se reporta progreso en el Tren México–Toluca y en el corredor México–Querétaro, con obras en curso y fecha tentativa de operación en 2028.
Sobre el papel del sector privado, Lajous indicó que no se contempla inversión privada en la operación de los trenes, aunque sí participan como proveedores en procesos de licitación.
El transporte ferroviario es seguro, tiene bajo impacto ambiental y mejora los tiempos de traslado. Además, ofrece certidumbre frente a los problemas viales que enfrentan muchas ciudades”, comentó.
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