A Fuego Lento | Segunda marcha contra la gentrificación

El pasado 20 de julio, se llevó a cabo la la segunda marcha contra la gentrificación, que reunió a aproximadamente 600 personas, según datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Manifestantes se congregaron en el sur de la capital para exigir la detención del megaproyecto inmobiliario ubicado en Fuentes Brotantes número 134, en el pueblo de Santa Úrsula Xitla. 

En este tenor, en la Mesa de Análisis de A Fuego Lento con Alfredo González e Isaías Robles en Heraldo Radio, estuvieron presentes, Karla Mejía García, especialista en gentrificación y urbanización periférica de la UNAM, Paulo García González, vocero de Morena en el Congreso de la CDMX y Sergio González Jaricua, víctima de la gentrificación y habitante de la colonia Juárez, quienes expusieron su punto de vista sobre este tema.

Karla Mejía, consideró que el Bando Uno, emitido recientemente por el Gobierno de la Ciudad de México, representa un primer avance frente a la creciente crisis habitacional que vive la capital, pero es aún insuficiente para contener los múltiples efectos de la gentrificación.

La académica destacó que el documento responde parcialmente a las demandas surgidas de la primera manifestación contra la gentrificación realizada en la colonia Condesa. Sin embargo, advirtió que las 14 directrices que contiene no abordan de manera integral la complejidad del fenómeno.

“El Bando Uno es una primera respuesta a la presión social, pero no basta. Aunque se contempla la regulación de rentas de corto plazo, como las ofrecidas en plataformas tipo Airbnb, falta una visión más profunda que incluya el desplazamiento de comunidades y la responsabilidad institucional en el problema”, afirmó.

Bando Uno es un avance, pero insuficiente

Mejía García enfatizó que la gentrificación no es un fenómeno reciente ni exclusivo de la Ciudad de México. Si bien se agravó tras la pandemia por COVID-19 y la llegada de nómadas digitales, “ya creció, y ahora estamos viendo sus estragos materializados en colonias como Roma Norte y Condesa”.

Recordó que la gentrificación tiene tanto una dimensión positiva, como la reorganización y revitalización del espacio urbano, como otra profundamente negativa, asociada al desplazamiento forzado de habitantes, al encarecimiento de la vivienda y a la ruptura del tejido social.

En ese sentido, lamentó que el Bando Uno se centre casi exclusivamente en el mercado de vivienda sin abordar los efectos interseccionales del fenómeno:

La gentrificación trastoca también dinámicas económicas, políticas y sociales. Hay actores responsables, como autoridades permisivas y mafias inmobiliarias que lucran con este proceso”.

Reconoció que la propuesta de una Ley de Rentas Justas, aún en discusión en el Congreso local, representa una oportunidad real para avanzar. No obstante, advirtió que, incluso con regulación, “es probable que surjan efectos secundarios, porque al intervenir en el mercado inmobiliario, se enfrentan intereses económicos muy poderosos”.

“El Bando Uno abre la puerta, pero falta mucho por hacer”, comentó. 

Morena impulsa ley de rentas justas en CDMX 

En su intervención, Paulo García dijo que la bancada de Morena en el Congreso capitalino anunció que trabaja en una iniciativa histórica para establecer la primera ley de rentas justas, razonables y asequibles en la Ciudad de México. Aseguró que se trata de “una de las medidas más ambiciosas en el último medio siglo”.

García González señaló que esta propuesta surge como respuesta al fenómeno de la gentrificación, al que calificó como un reto urgente que exige regulación desde el Estado:

Es una oportunidad histórica y hemos decidido construir esta iniciativa colectivamente”, subrayó.

Como parte del proceso legislativo, Morena ya inició una serie de diálogos por demarcación territorial para recoger las inquietudes y propuestas de los ciudadanos, con el objetivo de incorporarlas al dictamen legislativo que se presentará formalmente en agosto. La jefa de Gobierno respaldó esta ruta durante su conferencia de prensa más reciente.

García González explicó que la ley girará en torno a cuatro ejes centrales, de los cuales detalló dos:

• Estabilización de rentas, que no debe confundirse con congelamiento. “Estabilizar significa hacer valer lo que ya es ley: que las rentas no aumenten por encima de la inflación anual estipulada por el Banco de México. Hoy faltan instrumentos para hacerlo cumplir”, puntualizó.
• Creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinos, para prevenir abusos en los contratos de arrendamiento. “Muchos rentamos desde hace años y hemos enfrentado incrementos arbitrarios de renta. Hoy, si pagas 10 mil, tu casero puede pedirte 18 mil al año siguiente sin consecuencias”, advirtió.

El legislador también criticó la postura de sectores opositores que, dijo, buscan generar miedo ante cualquier intento de planeación urbana.

Ellos prefieren una ciudad gobernada por la ley de la selva, sin regulación ni justicia habitacional. Pero este es el momento de intervenir”.

El vocero de Morena reiteró que esta propuesta será construida con base en un amplio consenso ciudadano.

La ley no será impuesta desde el Congreso, sino dialogada con la gente que sufre los estragos del mercado de la vivienda”, concluyó.

Exige una ley integral contra la gentrificación en Colonia Juárez 

Por su parte, Sergio González Jaricua denunció un creciente desplazamiento forzado y la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México. Desde su experiencia y como habitante de la Colonia Juárez, cuestionó la falta de medidas eficaces y urgentes para enfrentar lo que considera una transformación social excluyente.

“Nosotros empezamos en 2014 a alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. Diez años después, las acciones llegan tarde”, afirmó Sergio González, quien señaló que gran parte de los 14 puntos que ahora son retomados en políticas recientes ya habían sido planteados por vecinos años atrás.

Subrayó tres preocupaciones centrales de las nuevas generaciones: la precariedad laboral y salarial, la incertidumbre sobre pensiones y salud, y la falta de acceso a vivienda. “¿Son suficientes las medidas del gobierno frente a una problemática tan compleja?”, se preguntó. A su juicio, el llamado “Bando Uno” no enfrenta la raíz del problema: la especulación inmobiliaria sin regulación.

Sergio González denunció además aumentos desproporcionados en las rentas de la colonia Juárez, donde departamentos que hace tres años costaban 8 mil pesos hoy se ofertan en más de 30 mil.

Eso no es inflación, es abuso. Es urgente una ley que tope los precios de la vivienda”, sentenció.

Propuso que se unifiquen las distintas iniciativas en una sola ley primaria que proteja el arraigo vecinal como derecho exigible. “Hoy es solo un adorno en el discurso. Debe convertirse en eje rector de la legislación”, afirmó. Aseguró que esa ley debe contemplar medidas contra las “cuatro des” del blanqueamiento urbano: desplazamiento forzado, desalojos, despojos y desarraigo.

Como ejemplo, mencionó que entre 2014 y 2024, la colonia Juárez perdió al menos 4 mil habitantes, el 30% de su población.

Pasamos de ser una colonia de inclusión social a una de exclusión”, denunció.

Finalmente, exigió que cualquier nueva vivienda construida o expropiada sea asignada por sorteo y no por cuotas políticas.

Lo justo es que quienes fueron desplazados sean los primeros en regresar al barrio”, concluyó.