La abogada María Alejandra Díaz, reconocida disidente del chavismo, continúa refugiada en la embajada de Colombia en Caracas, donde permanece desde enero tras denunciar persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
A través de un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, Díaz exigió al gobierno venezolano la entrega inmediata de un salvoconducto que le permita salir del país de forma segura.
“En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares”, expresó Díaz en su declaración pública, asegurando que, ante el riesgo inminente de ser arrestada, decidió buscar refugio el 11 de enero en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela.
Su solicitud de asilo fue recibida formalmente por funcionarios diplomáticos colombianos. Además, indicó que la Cancillería venezolana fue informada de esta decisión por medio de canales diplomáticos al día siguiente.
Durante estos siete meses de asilo, la abogada afirmó haber cumplido estrictamente con el compromiso de guardar silencio sobre su situación, en atención a las condiciones de protección impuestas por el gobierno colombiano y las limitaciones inherentes al asilo diplomático. “No se me permite opinar sobre política interna por mi condición de asilada”, aclaró.
Sin embargo, María Alejandra Díaz decidió romper este silencio tras la publicación, el pasado 25 de julio, de un informe de la Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, en el que se documenta un patrón sistemático de persecución en su contra.
“Verbalmente hace 2 meses, también se me notificó que el gobierno venezolano se negaba a otorgarme salvoconducto porque no existía ninguna persecución en mi contra, según ellos. Esto queda desmentido con el informe de la ONU”, denunció Díaz.
En su mensaje, la abogada elevó un petitorio puntual al gobierno venezolano, exigiendo la emisión inmediata del salvoconducto para su salida del país bajo protección internacional y la intervención de organismos como ACNUR (en Colombia y Venezuela) para garantizar su seguridad.
Además, expresó su “eterna gratitud” al gobierno colombiano y al presidente Gustavo Petro “por la protección brindada durante estos meses de aislamiento y encierro”.
María Alejandra Díaz comenzó a estar bajo el foco público en 2024, cuando presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo la publicación de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales de julio, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por la oposición.
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El recurso fue declarado “inadmisible” por el TSJ, que además le impuso una multa y suspendió temporalmente su ejercicio profesional como abogada.
Desde entonces, Díaz denunció acoso por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como hostigamientos contra su entorno familiar. Tras permanecer escondida durante varios días, se vio obligada a buscar refugio en la residencia diplomática colombiana, donde permanece bajo resguardo.
A pesar de haber sido reconocida verbalmente como asilada por Colombia, el gobierno de Nicolás Maduro habría bloqueado la emisión del salvoconducto necesario para permitirle abandonar el país, argumentando que no existe persecución política en su contra.
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Hasta el momento, el gobierno de Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre este caso.
Por lo tanto, la disidente chavista pidió que “a propósito de la creación de la zona binacional entre ambos países, se le dé celeridad a la solución definitiva de este caso y pueda, con el respectivo salvoconducto, salir bajo la protección diplomática hacia Colombia”.
Cortesía de El Colombiano
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