El gobierno de Claudia Sheinbaum cerró el programa de regularización de autos “chocolate” en México, tras reportar casi 3 millones de vehículos con papeles. La decisión frena la vía rápida que funcionó desde 2022 para legalizar unidades usadas traídas desde Estados Unidos y Canadá fuera del proceso formal. El cambio busca ordenar el mercado de seminuevos y responder al reclamo de la industria, que veía competencia desleal y entrada de autos chatarra.
La decisión ya no deja margen para interpretaciones. Quedó escrita en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Presidencia abrogó el acuerdo que ordenaba acciones sobre importación definitiva de vehículos usados y también echó atrás la reforma que mantenía vivo el esquema de regularización.
El cierre también revierte la ampliación que apareció en noviembre y que había estirado el plazo hasta diciembre de 2026. Para la industria automotriz, ese movimiento encendió alarmas porque mantenía en el mercado formal unidades que no entraron por los canales que marca la ley.
El programa nació en 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y acumuló críticas desde el sector de distribuidores. La AMDA lo describió como foco de corrupción y como palanca para el contrabando. En palabras simples, abría camino a que lo irregular se volviera legal con demasiada facilidad.
Chevrolet Camaro Convertible.
El decreto presume resultados y también explica el argumento oficial. Con cifras del Registro Público Vehicular, hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron 2,987,839 vehículos. El gobierno afirma que esa cifra dio certeza jurídica, protegió patrimonio y reforzó la seguridad pública, porque facilita la identificación de propietarios y reduce margen para que el auto se use en actos ilícitos.
La regularización se aplicó en 16 estados y no solo en la frontera. El programa cubrió Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, que se convirtieron en el mapa donde se podía obtener placas.
Toyota Tundra.
Un respiro para la industria automotriz nacional
El mecanismo resultó atractivo por precio y rapidez. Con pago de 2,500 pesos al gobierno federal se obtenía una constancia y, con ese documento, las entidades podían asignar placas para que el vehículo circulara y entrara a compra y venta. El reclamo del sector formal apunta a la otra cara del proceso, entrada de carros chatarra y sobreoferta dentro del mercado que sí paga impuestos y cumple reglas.
A partir de ahora, quien quiera importar un vehículo usado tendrá que apegarse a reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese marco fija límites de antigüedad y pide condiciones físico-mecánicas para circular en territorio mexicano. La clave cambia, ya no existe regularización de lo ilegal con la puerta abierta.
Autos seminuevos en Estados Unidos.
El giro llega luego de un 2025 con señales mixtas en ventas de vehículos ligeros. Hubo caídas en varios periodos, aunque el acumulado de enero a noviembre mantiene alza ligera de 1% y el año perfila cierre cerca de 1.6 millones de autos. La AMDA celebró la derogación y, por voz de Guillermo Rosales, sostuvo que la medida dará certidumbre al mercado interno y un ingreso más ordenado de usados desde Estados Unidos y Canadá bajo las reglas del T-MEC.
Foto de portada | Wikipedia
Cortesía de Xataka
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