El titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resolvió por segunda vez que Gerardo Vargas Landeros, Presidente constitucional del municipio de Ahome, Sinaloa, sea reinstalado en su cargo o los legisladores del Congreso local podrían ser condenados de tres a nueve años de prisión por desacato, de acuerdo con XpectroFM.
El 2 de mayo pasado el Congreso de Sinaloa desaforó a Vargas Landeros luego de que la Fiscalía del Estado inició un proceso judicial en su contra por presunto ejercicio indebido del servicio público y se inició un juicio político en su contra, informó la plataforma de noticias.
El Congreso nombró a Antonio Menéndez como alcalde sustituto el mismo día del desafuero de Gerardo Vargas.
Vargas Landeros promovió un juicio de amparo 1832/2025-VIII a nivel federal y el pasado 29 de julio, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, resolvió que tiene razón y emitió una suspensión definitiva en contra del desafuero para que fuera reinstalado en su cargo.
El juez federal ordenó que en un plazo no mayor de 48 horas, se presentaran las pruebas de que Vargas Landeros había sido reinstalado en su cargo, se daría aviso a un Ministerio Público Federal de acuerdo a lo establecido en la fracción III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo.
A pesar de esto, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, señaló primero, que no había ninguna notificación formal.
Además Guerra Ochoa tachó improcedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, al considerar una verdad legal la falta de materia para dar cumplimiento a la resolución de suspensión definitiva.
Esto, en virtud de que su emisión se había realizado supuestamente de manera irregular y que los actos reclamados por Vargas Landeros no eran procedentes, por lo que según la Presidenta de la Jucopo, no existe fuerza legal en dicha resolución para obligar al Congreso del Estado, para reinstalar a Vargas Landeros en su cargo.
Este 15 de agosto el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas señaló que obra en el presente incidente los acuses de recepción en el Congreso de Sinaloa de los oficios que contienen la medida cautelar concedida; y esa sola circunstancia, era suficiente para que acatara los efectos de la misma.
Por lo tanto el acto reclamado sí es procedente y “se concede a Gerardo Octavio Vargas Landeros la suspensión definitiva, para que cesen en sus efectos y consecuencias las normas reclamadas”, cita la resolución del Juzgado Federal.
El documento, de acuerdo con XpectroFM, señaló que todas las autoridades involucradas: Pleno del Congreso, Comisión instructora del Pleno del Congreso, Gobernador Constitucional, todos del estado de Sinaloa y al Pleno del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, deberán acatar de manera completa la suspensión definitiva concedida.
“Les aperciba, que de no dar cumplimiento, en el término concedido, el cual es improrrogable, este Juzgado de Distrito realizará la denuncia al Ministerio Público de la Federación por el delito que establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de dicha ley, saber:
“Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. IV En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente”, asegura la resolución de juzgado federal.
Mediante un video en sus redes sociales, Gerardo Vargas Landeros, destacó este lunes que de nueva cuenta el Poder Judicial Federal (PJF) le dio la razón, en lo que ha acusado de ser una persecución política por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya.
“Hoy de nueva cuenta el Poder Judicial Federal ha resulto de manera contundente que por segunda ocasión tengo la razón. Al día de hoy las autoridades responsables han incumplido con lo que les ordenó el juez federal, aun y cuando están involucradas de manera directa en el juicio de amparo y por lo tanto tienen pleno conocimiento de las obligaciones dictadas.
“Se les obliga a la suspensión definitiva concedida, misma que debió surtir efectos desde el momento de su emisión. Así lo establece la Ley de Amparo, sin embargo, se han negado y están en un desacato judicial que viola la Constitución”, destacó Gerardo Vargas Landeros.
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Cortesía de Forbes
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