Jiutepec, Morelos. La décima convención anual de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS), que dará inicio la tarde de este miércoles, se ve enmarcada por la presencia de manifestantes: ahorradores afectados por la Sofipo Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), intervenida desde junio pasado.
Desde alrededor de las 12 pm, en los accesos del hotel Grand Fiesta Americana Sumiya Cuernavaca, sede del evento, una docena de personas se apostó con lonas y consignas para exigir atención de los participantes en la convención. “Señores convencionistas de las Sofipos, enfrenten la realidad y fijen una posición clara y valiente sobre el fraude de CAME”, se lee en uno de los mensajes de los afectados.
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Esta manifestación forma parte de una serie de protestas que los afectados han realizado desde abril del 2025, cuando La Spofipo Came dejó de responder a sus clientes por los ahorros depositados y de ofrecer sus servicios con normalidad mediante la aplicación Techcreo CAME
El episodio más reciente ocurrió el 25 de agosto, frente a Palacio Nacional, donde demandaron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí consiguieron agendar una mesa de trabajo para el próximo 5 de septiembre con el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, y con Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tras aquella protesta, los ahorradores también recibieron respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR). A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh), la institución contestó a un escrito presentado por los afectados, quienes acusan a CAME de un presunto fraude y señalan omisiones de la CNBV.
Sin embargo, no es el único frente legal abierto: los inconformes ya habían presentado una denuncia por diversos delitos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), además de una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc), ambas dependencias de la FGR.
Cortesía de El Economista
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