Para evitar que las autoridades en Estados Unidos las señalen por lavado de dinero, como pasó con tres instituciones financieras, el gremio de los agregadores de pago busca blindarse incrementando controles de seguridad al tiempo que evita descuidar la inclusión financiera.
Myriam Cosío, presidenta de Asociación Mexicana de Agregadores de Pago (ASAMEP), dijo en entrevista que el gremio ha buscado de manera proactiva acercarse a las autoridades para entender los riesgos para estos negocios.
Las medidas ocurren previo a que el Departamento del Tesoro imponga sanciones contra Vector, Intercam y CI Banco el próximo 20 de octubre, tras haberlos señalado por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Las sanciones entrarán en vigor luego de dos emplazamientos que hicieron las autoridades norteamericanas.
La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que no buscará un nuevo aplazamiento de las sanciones, como lo hizo en julio pasado.
Aunque los agregadores intermedian entre entidades financieras que deben realizar protocolos de prevención de lavado y conocimiento de los clientes, esto no las exime de ser señaladas por este delito.
“Nos dimos a la tarea de platicar con especialistas sobre qué significa, con una leve sospecha, de que te están utilizando para cobrar actos ilícitos”, explicó. “La simple sospecha es suficiente para que te señalen”.
Cosío reconoce que esta designación de cárteles de la droga como asociaciones terroristas ha “sacudido” a la industria financiera.
“El daño reputacional es es mortal; tenemos que prevenir o estar armados para demostrar que ante cualquier posible sospecha todo se ha ejecutado de forma impecable”, destacó Cosío.
La ASAMEP presentó recientemente un plan de fortalecimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (PFT) y verificación en listas negras.
Además, como asociación está realizando reuniones y capacitaciones para que las empresas tengan estándares más estrictos al momento de enrolar a sus clientes y hacer un registro para que, en caso de ser señalados, puedan presentar ante las autoridades las evidencias de que no hubo una mala intención.
El gremio resulta importante para el ecosistema, ya que se estima que más de 4.3 millones de comercios en el país aceptan pagos digitales. En lo que va del 2025, se han hecho 722 millones de pagos en agregadores no bancarios, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).
El reto se vuelve más grande si se toma en cuenta que en el país predomina el uso del efectivo y los negocios que operan en la informalidad.
“No se espera que que los agregadores vengamos a resolver ese problema, así que pedir una acta constitutiva y un RFC probablemente no es el camino”, dijo Cosío.
Cortesía de Expansión
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