Líderes agricultores acusaron que aunque se haya modificado el proyecto original del dictamen de la Ley General de Aguas, hay aspectos que siguen siendo injustos para el sector campesino.
Desde la Cámara de Diputados, y en el marco de la discusión de esta reforma, Alberto de Santiago Murillo, presidente de Agricultores de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas, acusó que el dictamen original de la presidenta Claudia Sheinbaum “nos criminalizaba y nos agredía”, lo que alentó la exigencia de que sus propuestas fueran escuchadas.
No obstante, y pese a que han mantenido pláticas con las y los legisladores, el líder campesino insistió que aún existen puntos que deben revisarse antes de su votación final en el Pleno.
“Lo que requerimos es tiempo y responsabilidad de todos, del Poder Legislativo, nosotros como productores, y que nos den la oportunidad de hacer propuestas viables, que están sustentadas con base en la necesidad que tenemos, porque ahorita, como querían aplicar la ley, nos criminalizaba y nos agredía”, expresó.
En este contexto, el representante se desmarcó de algún grupo o partido político, pues aseguró que su presencia fuera del Congreso no representa una amenaza, sino un llamado al diálogo.
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“No es advertencia, porque no venimos a pelear, venimos a construir”, expresó en referencia a la movilización de un grupo de agricultores que durante la mañana de este miércoles se plantaron a las afueras de San Lázaro con todo y tractores; dicha movilización se retiró horas más tarde.
Santiago Murillo añadió que entre sus principales demandas está que la legislación sea estricta con quienes contaminan el agua, particularmente industrias como la cervecera, minera, refresquera y textil. “Ahí es donde debemos incidir, porque todas las empresas transnacionales, si explotaran el recurso agua en sus naciones, no lo permitirían.
“Necesitamos planear, organizar, que la ley y la justicia se aplique en un proyecto integral, donde todo el proceso productivo del campo sea protegido. Si protegemos al productor, damos paz y seguridad social a todas las familias de los productores y de todos aquellos jornaleros que contribuyan a través del trabajo a una actividad digna, que es el de producir alimentos”, enfatizó.
De igual forma, llamó a que se regulen los precios de productos agrícolas para garantizar ingresos justos, e insistió en que el campo requiere estabilidad para avanzar. “Lo que queremos es que la ley abra los caminos, que despeje los caminos para poder trabajar en paz”.
Cortesía de El Economista
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