Todos los ajustes fiscales generan costos sociales, deseablemente transitorios. El actual implica costos duraderos en términos de capital humano, infraestructura y seguridad pública.
En la información de las finanzas públicas para enero-mayo 2025 destaca el crecimiento de los ingresos del erario respecto a un año antes (+3.7%, en términos reales) y la fuerte recaudación del impuesto sobre la renta (+8.2%) y del IVA (+12.5%), raro en el contexto de estancamiento en que está la economía. La secretaría señala que es resultado de esfuerzos especiales, lo que será difícil sostener por mucho tiempo.
Hasta ahora el ajuste fiscal se encamina a la meta anual de reducción del déficit público de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9%, sin duda una buena noticia. En enero-mayo el déficit fue casi la mitad del de un año antes, debido principalmente a una fuerte contracción del gasto programable (-9.6%) y en particular de la inversión pública (-29.6%), lo que llamó la atención por ser la más pronunciada desde 1995. Pero realmente eso no es lo más grave.
Desde 2023 y más en 2024 el gasto en los proyectos insignia del gobierno se aceleró extraordinariamente para terminarlos, o intentar hacerlo. Ahora, la inversión pública más bien regresa a un nivel discreto. En enero-mayo fue 6% superior que en 2022 y 5% menor al de 2023. Reducida, sí, pero no tanto como la cifra señalada de 2025 vs 2024 lo sugiere. En cambio, sí hay varias cosas que son graves:
- La inversión extraordinaria del gobierno pasado se hizo en proyectos de poca o nula rentabilidad neta, como en la refinería de Dos Bocas y el tren Maya, Mexicana de Aviación y el aeropuerto Felipe Ángeles, etc.
- Se ha descuidado el mantenimiento en infraestructura básica, de transporte, urbana, hidráulica, de energía -eléctrica e hidrocarburos-, en escuelas y hospitales, etc., además de la inversión y logística adicional que era necesaria ante la relocalización global.
- El ajuste fiscal se centra en actividades clave para generar oportunidades de desarrollo humano, como la seguridad, la educación y la salud públicas. A cambio, las transferencias directas incondicionadas se protegen.
De las 24 funciones del presupuesto, Protección Social (programas sociales) y Combustibles y Energía ocuparon el 54% del gasto programable. Sumando Salud, Educación y Seguridad pública se alcanza el 82%. En enero-mayo del 2025 solamente el gasto en Protección Social creció anualmente (+4.5%). Cayeron: Salud (-10.8%), Seguridad Pública (-13.3%) y Educación (-8%).
Respecto a Educación, si se excluyen las becas que son realmente sólo transferencias directas, que se han mantenido en 2025 –B. Juárez, R. Cetina-, la reducción anual en el gasto del resto de los programas es de (-) 20%.
- Aunque gastando menos, el gobierno se aferra en protagonizar el sector Energía. La función Combustibles y Energía ocupa el 20% del gasto, cuando una buena parte de estas funciones podrían ser realizadas por el sector privado y con mayor eficiencia.
Las cifras de finanzas públicas sí apuntan al cumplimiento de la meta de ajuste fiscal del gobierno para 2025. Pero también a un gobierno que se concentra en transferir dinero y subsidiar pérdidas en el sector energía, descuidando la Salud, Educación y Seguridad y de paso la productividad.
Cortesía de El Economista
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