Como ha ocurrido con otros hechos de violencia en los pasados 20 años, el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, el pasado sábado 1 de noviembre, ha conmocionado a la sociedad a la vez que ha desatado una oleada de justificada indignación. Carlos Manzo fue abatido por un sicario, aparentemente menor de edad, a pesar de los policías municipales que lo resguardaban y a pesar del cerco de seguridad de 15 elementos de la Guardia Nacional.
Casi al instante, la sociedad mexicana reaccionó desde la desesperanza por conocer otro asesinato político y también con dolor y rabia al denunciar que el gobierno y la clase política de todos los colores no han sido capaces de detener la violencia e inseguridad que sigue presente en México desde hace 20 años a pesar de los enormes recursos que destinamos para ese fin.
De modo despreciable, el asesinato de Carlos Manzo ha sido utilizado por los políticos de todos los partidos para repartirse culpas y tratar de capitalizar electoralmente esta tragedia. Lo ha hecho de modo miserable la oposición del PAN y PRI, y lo ha hecho también el actual partido gobernante.
¿Con qué cara los políticos profesionales del PRI empiezan a repartir culpas cuando ellos dieron la entrada al crimen organizado a las instituciones del Estado mexicano? ¿No se acuerdan de que fueron sus gobiernos y sus policías secretos corruptos los que prohijaron la creación de los cárteles de la droga desde la década de 1970?
¿Qué cara tienen los políticos de Acción Nacional para criticar el actual estado de violencia cuando sus gobiernos, especialmente el de Felipe Calderón, es de los principales responsables de desatar esta oleada de violencia que ahoga con asesinatos y desapariciones a la sociedad mexicana? Y no está de más recordar que el secretario de Seguridad de Calderón era empleado del Cártel de Sinaloa.
Pero el actual partido gobernante no tiene cara para culpar a los gobiernos del pasado de que la inseguridad y la violencia no se haya podido detener y que zonas enteras del país hayan sido cedidas a la soberanía del crimen organizado. Ellos son gobierno y tienen el control de todos los poderes públicos. Y son los responsables de que la violencia siga presente.
La presencia del crimen organizado y sus distintas actividades, desde el narcotráfico, hasta la extorsión y el cobro de derecho de piso, tiene al menos dos décadas. En ese tiempo han pasado gobierno del PAN, PRI y Morena y ninguno ha sido capaz detener la violencia que aqueja a Michoacán. ¿No saben quiénes son los responsables de cobrar piso a los limoneros y los aguacateros? ¿Ninguno ha sido capaz de crear una fuerza de reacción especial que detenga a los sicarios que amenazan o atacan a los productores que se niegan a pagar derechos de piso, como le ocurrió el líder de los limoneros Bernardo Bravo asesinado el pasado 19 de octubre?
Es despreciable ver a la clase política profesional empezar a repartir culpas para evadir su responsabilidad cuando ocurren hechos de violencia como los que hemos visto en Michoacán. Ya sea por omisión, por incapacidad o por corrupción todos los partidos son responsables, toda la clase política mexicana tiene culpa de la situación de violencia y de virtual guerra informal que vivimos en el país.
No son solo los casos de Carlos Manzo o de Bernardo Bravo. El mismo día que fue asesinado el alcalde de Uruapan, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) denunció que el sábado 31 de octubre, al llegar a una asamblea en la comunidad de Ayahualtempa, fueron recibidos a balazos por parte del grupo del crimen organizado Los Ardillos. Producto de esa agresión fallecieron tres personas del Cipoeg y dejando a siete personas heridas.
El Cipoeg forma parte del Consejo Nacional Indígena (CNI), que se define a sí mismo como la “casa común” de los pueblos originarios. El CNI está a punto de cumplir 30 años desde su fundación en 1996. Uno de sus representantes, el abogado agrario Carlos González García, sostiene que en estas tres décadas la violencia en contra de los pueblos y comunidades indígenas organizadas ha crecido con una variante: con frecuencia los grupos armados del crimen organizado son los sicarios que amenazan, desparecen o asesinan a los dirigentes indígenas.
Lamentablemente la mayoría de estos casos no son conocidos en general debido a que ocurren en comunidades apartadas y en organizaciones que no tienen los reflectores mediáticos que tienen otros casos. Las diversas violencias y el aumento de inseguridad amenaza a la sociedad mexicana en general, pero más a lo más pobres y vulnerables. Por eso, como dicen los zapatistas, el hartazgo que genera esta violencia debe convertirse en digna rabia para de una vez por todas poner fin a esta guerra informal contra la sociedad mexicana.
Cortesía de El Informador
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