Luego de que nueve relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación oficial al Gobierno de México en la que expresan “profunda preocupación” por la posible instalación de terminales de Gas Fósil Licuado (GFL) en Sonora y Sinaloa, organizaciones sociales y ambientales hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y al titular de ASEA, Armando Ocampo, para detener el avance de los proyectos en la zona.
Mediante una comunicación oficial, las ONG firmantes —CEMDA, Fundar, ProDESC, GeoComunes, Wildlands Network México, Nuestro Futuro A.C., entre otras— advirtieron que industrializar el Golfo de California “va contra el interés nacional”, compromete el Estado de derecho y “erosiona la credibilidad del país” en materia de combate al cambio climático.
Por otro lado, mediante una alerta urgente dirigida a las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas, Elisa Morgera y Astrid Puentes, a la que El Economista tuvo acceso, se denunciaron irregularidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA) en proyectos como la construcción de terminales de licuefacción y gasoductos, como los proyectos Saguaro Energía, AMIGO, Vista Pacífico y Cosalá.
Según el documento, estas infraestructuras no sólo incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano, sino que también podrían generar contaminación marina, acústica y del aire, además de poner en riesgo la vida silvestre y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
Entre las solicitudes realizadas a las Relatoras Especiales, se incluyeron el instar a los gobiernos de México y Estados Unidos a prohibir las actividades de exportación de GNL en el Golfo de California, garantizar el derecho a la información y participación pública de las comunidades afectadas, y realizar una investigación exhaustiva sobre los impactos ambientales y sociales de estos proyectos.
En la carta enviada el 2 de septiembre de 2025, las relatorías señalaron que las terminales y gasoductos proyectados podrían convertir al país en el cuarto exportador de GFL del mundo, a costa de ecosistemas y comunidades del llamado “Acuario del Mundo”.
También, que los proyectos implican el uso intensivo de agua, que podría contaminarse con sustancias químicas peligrosas y liberarse al océano, afectando la biodiversidad marina y los ecosistemas del Golfo.
Además, los Relatores Especiales expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de los proyectos sobre los derechos humanos.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: