La bomba noticiosa que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en su conferencia matutina cayó en el momento en que más lo necesitaba el Gobierno: el ex director de Pemex, Carlos Treviño, estaba detenido en un suburbio de Dallas, como consecuencia de una solicitud de extradición presentada hace cinco años, y “en los próximos días” sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Después de tantas tribulaciones -por el escándalo del senador Adán Augusto López, el fiasco del Caso Ancira y el pánico en Morena a ser señalados como narcopolíticos-, la captura de Treviño es un bálsamo y una oportunidad para compensar los fracasos. Sin embargo, hay algo que no cuadra.
El abogado en México de Treviño, Óscar Augusto Zamudio, sostiene que su cliente está retenido por una confusión migratoria. Treviño vive en Prosper, un condado en la zona metropolitana de Dallas, donde tiene casa y trabajo, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Si solo fuera por esto último, la extradición procedería salvo en el caso de que pruebe que es un perseguido político. Eso es lo que ha alegado tras la acusación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que fue utilizado en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que fuera el testigo madre que documentaría la corrupción del viejo régimen.
Lozoya hizo un acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para inculpar a dos ex candidatos presidenciales, a figuras del PAN y a ex secretarios de Hacienda y ex directores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos -que murió como consecuencia de una operación en 2023-, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso se cayó hace tiempo porque Lozoya nunca pudo documentar nada que sirviera para llevarlos a la cárcel. El único que recibió dinero de la constructora brasileña, de acuerdo con sus ex directivos, fue él, que sigue preso en México. En cuanto a Treviño, nombrado director general de Pemex en noviembre de 2017, y que estuvo en el cargo durante el año restante del sexenio, el caso se mantiene abierto.
Lozoya lo acusó de haber recibido alrededor de cuatro millones de pesos como soborno, a cambio de autorizar un contrato para el complejo petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, a Braskem, filial de Odebrecht en México, y a la empresa mexicana Idesa. En 2023, la defensa de Treviño presentó un recurso de amparo a la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González, que aún no se resuelve. El ex director de Pemex fue acusado en 2021 por la Fiscalía General de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y le pidió a Interpol una notificación roja -antes llamada ficha roja-, para su localización y detención, con fines de extradición.
Treviño presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la solicitada por la Fiscalía General, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación, donde se violaron sus derechos fundamentales, según se desprende de los argumentos para desestimar las acciones mexicanas, se canceló la notificación y se borró de los archivos de la Interpol.
La presidenta Sheinbaum no parece estar enterada del status del caso, y no tendría que estarlo. El problema es que tampoco parece estar bien informada ni asesorada jurídicamente. Lo más obvio: dijo que Treviño fue detenido el miércoles, pero de acuerdo con fuentes estadounidenses sucedió el martes. Aseguró que se produjo como resultado de la petición de extradición, pero la inminencia de su retorno a México, no parece claro aún en este momento, sobre todo si la defensa de Treviño en Dallas alega la persecución en los términos como resolvió Interpol.
El abogado Zamudio señaló que era falso que hubieran detenido a su cliente para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas, sino por una confusión migratoria derivada las nuevas políticas de la Administración Trump. Su caso, agregó, está siendo revisado por un juez en la materia. Una fuente estadounidense confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de Migración y Aduanas (ICE) revisaron si en efecto tenía pendiente una solicitud de asilo, así como toda la documentación migratoria y laboral en Estados Unidos.
Nada impediría que finalmente lo extraditaran, pero no parece ser algo que estaban esperando las autoridades mexicanas, que parecen haber sido tomadas por sorpresa por las primeras notificaciones que recibieron de la detención hacia el mediodía del miércoles. De cualquier forma, varias declaraciones de la presidenta Sheinbaum no abonan a sus deseos de que lo envíen a México. Sheinbaum violó el debido proceso de Treviño en Estados Unidos, al haber informado que sería extraditado por corrupción, en el Caso Odebrecht.
Hay dos precedentes donde las autoridades estadounidenses han actuado a favor de mexicanos por considerar que su caso fue utilizado por el Gobierno de México para sacar raja política, violando los procedimientos de la extradición. Uno es el del empresario Gastón Azcárraga, que fue dueño del Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación, acusado de delitos financieros que llevaron a la quiebra de la aerolínea. El otro fue Martín Díaz, acusado de obtener un millonario crédito con datos falsos sobre el monto de activos y pasivos de Oceanografía.
La detención de Treviño revive el Caso Odebrecht, que se pensaba muerto, para fines judiciales y, sobre todo, para el manejo de la opinión pública. Un distractor de este tamaño juega a favor del régimen, que ha vivido un verano traumático, lleno de escándalos y malas noticias. Lo que debe estarse escenificando en Dallas es una batalla entre abogados de México, de Treviño, autoridades estadounidenses y el juez, para determinar qué procede con el exdirector de Pemex. Se esperaría que acuda ante el juez para que decida su situación, pero en el Estados Unidos de hoy, todo puede suceder.
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Cortesía de El Informador
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