El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) se extinguió oficialmente tras más de dos décadas de operación, y sus funciones pasarán a la Contraloría del Estado, instancia que asumirá el papel de garante de la transparencia. Con ello concluye un ciclo institucional que marcó la agenda de acceso a la información en Jalisco y abre una etapa de reconfiguración administrativa.
En contraste, los demás poderes y organismos autónomos deberán crear o fortalecer sus propios órganos internos de control, responsables de asegurar la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
Tras la desaparición del Itei, el Congreso del Estado deberá emitir, a más tardar el 15 de enero de 2026, las leyes secundarias que facultarán a la Contraloría, a los municipios, a los poderes estatales y a los organismos públicos para garantizar la transparencia. El diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso local, adelantó que presentarán en los próximos días una propuesta integral que preserve el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública.
El legislador afirmó que buscarán aprobar dichas leyes antes de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, con el fin de incorporar las nuevas disposiciones en la planeación financiera del próximo año. Señaló que ya cuentan con un proyecto avanzado, analizado previamente, que permitirá la transición normativa sin afectar el funcionamiento institucional ni los mecanismos de supervisión que deberán asumir las autoridades responsables.
La vara que deja el Itei es alta. Durante su último año de funciones alcanzó un récord de 12 mil 288 resoluciones aprobadas, cifra inédita desde su creación. También aumentaron las solicitudes de información, señaló Olga Navarro, ex presidenta del organismo. Entre los sujetos obligados que recibieron más peticiones destacan la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Coordinación de Gestión del Territorio y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.
Los ayuntamientos, sin embargo, también acumulan recursos de revisión, pues con mayor frecuencia se niegan a responder solicitudes de información que después son impugnadas por la ciudadanía. Solo en 2025 sumaron 514 amonestaciones públicas, 86 multas y un arresto administrativo; les siguieron los organismos públicos descentralizados. Navarro confió en que, con el tiempo, las solicitudes y resoluciones se incrementarán debido al creciente conocimiento social sobre el derecho de acceso a la información.
“Han aumentado, yo creo que la tendencia irá a la alza ahora que existan las nuevas autoridades garantes que, a diferencia de cuando inició este tema en Jalisco hace 20 años, la gente ya sabe exigir el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados”, dijo Navarro.
En contraste con esta visión optimista, Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, calificó el momento como “muy preocupante”, pues considera que la fragmentación institucional y la inexperiencia amenazan la garantía efectiva del acceso a la información pública.
Preparan las leyes secundarias en materia de transparencia en Jalisco
Tras 20 años, se concretó la desaparición del ITEI. En junio pasado, el Congreso de Jalisco avaló la extinción del organismo como parte de la armonización de la ley local con la reforma federal en materia de transparencia.
Ahora, el Legislativo deberá emitir, a más tardar el 15 de enero de 2026, las leyes secundarias con las que se va a facultar a la Contraloría de Jalisco, municipios, poderes del Estado y demás organismos autónomos para que cumplan con la transparencia y rendición de cuentas a la población, labor que asumió el ITEI por espacio de dos décadas.
El diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso local, aseguró que en los próximos días presentarán una propuesta de leyes secundarias para cumplir con lo establecido y garantiza que se respetará el derecho a la transparencia y acceso a la información pública.
“El proyecto que vamos a presentar tiene suficientes elementos para hacer un proyecto de ley que siga siendo referencia en el país, que otros Estados puedan tomarlo como ejemplo”.
El legislador indicó que buscarán avalar las leyes secundarias antes de la aprobación de la Ley de Egresos del Estado de 2026, con el fin de incluir las disposiciones requeridas en el presupuesto programado para el siguiente año.
“Cuando se aprueben las leyes secundarias, entonces tendríamos que hacer reformas al presupuesto de egresos. Por eso, para hacer más eficiente el proceso legislativo es que estamos apurando la aprobación de las leyes secundarias antes del presupuesto de egresos para que las disposiciones que se mandaten en las leyes secundarias sean contempladas en el presupuesto de egresos”.
Y para ello, afirmó que ya cuentan con un proyecto avanzado que ha sido analizado aun cuando no ha sido presentado en las comisiones, al asegurar que se trata de la labor de legisladores y sus asesores.
Se resuelven más recursos en 2025
Aunque la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) se concretó en junio pasado, el organismo deja la vara alta en cuanto a resoluciones a la Contraloría de Jalisco, instancia que va a asumir las funciones como garante de la transparencia en el Estado.
Durante el último año de funciones, el pleno del ITEI tuvo un récord de 12 mil 288 resoluciones aprobadas, más que en ningún otro año. Las solicitudes también se incrementaron, afirmó Olga Navarro, ex presidenta del ITEI, con más de 112 mil solicitudes de información en la Entidad.
Como sujetos obligados a rendir cuentas, las dependencias que recibieron más solicitudes de información por parte de la ciudadanía fueron la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Coordinación de Gestión del Territorio y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, según explicó la ex funcionaria.
Pese a ello, son los ayuntamientos los que más recursos de revisión tienen, es decir, los que se negaron a responder alguna solicitud de información, pero fue apelada por la ciudadanía para exigir cumplir con los datos.
“Los ayuntamientos son los que más tienen recursos de revisión ante el Instituto. Esto mantiene una constante en todos los 20 años de vida institucional. Quienes más se han llevado amonestaciones públicas son los propios ayuntamientos”.
Tan solo en 2025, acumularon 514 amonestaciones públicas, 86 multas y un arresto administrativo a los municipios y le siguieron los organismos públicos descentralizados.
Por ello, Navarro confía en que las resoluciones y solicitudes se vayan a incrementar conforme avancen los años al asegurar que hay un mayor conocimiento de la población en torno al acceso a la información. “La gente ya sabe exigir el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados”, afirmó.
Números del ITEI en 2025
Resoluciones en 2025: 12,288
Solicitudes de información: 112,931
Dependencias con más solicitudes en 2025
1- Coordinación General Estratégica de Seguridad
2- Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
3- Ayuntamiento de Guadalajara
4- Ayuntamiento de Zapopan
Fuente: Itei
Voz del experto
Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UdeG
Desaparición del ITEI deja un vacío técnico y jurídico
Tras concretarse la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) tras más de 20 años de existencia y transferir funciones a la Contraloría del Estado, Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UdeG, calificó la situación actual como “muy preocupante”.
El académico señaló que se fragmenta la garantía de la información con la división entre los poderes y organismos estatales: “La garantía de acceso a la información pasa a las contralorías de cada uno de los tres poderes del Estado, de los municipios y de los órganos autónomos, es decir, se fragmenta la garantía que antes estaba concentrada en el ITEI”, dijo.
En el mismo tenor, el académico de la casa de estudios cuestionó que las dependencias, contralorías y órganos internos de control también enfrentarán la inexperiencia y que no están preparadas para garantizar el acceso a la información.
“Son contralorías que no han estado preparadas para garantizar el acceso a la información, sino para otra cosa que es en realidad hacer auditorías, verificar procesos de gasto, fiscalizar en todo caso los recursos públicos, pero no se habían puesto a trabajar con los archivos, la digitalización de la información con la plataforma de transparencia”.
“Mucho menos se habían convertido en una instancia jurídica para decidir qué información debe entregarse, cómo debe entregarse, y por qué medio a quien la pide”, indicó.
Por otro lado, Merino explicó que hay otro problema que enfrenta el Congreso local es que no se ha creado una Agencia Digital del Estado “que pueda garantizar que la información que se produce en los gobiernos municipales como estatales tenga siempre un respaldo digital”, así como que esté disponible para la población. Señaló que el plazo vencería en enero de 2026, el cual fue establecido en una reforma en materia de transformación digital.
Reforma federal eliminó los organismos de transparencia
A finales de 2024, el Congreso de la Unión avaló la reforma que desapareció organismos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), instancia que era encargada de garantizar la transparencia en todo el país.
Dicha propuesta fue presentada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó la desaparición de estos órganos constitucionales autónomos por carecer de “legitimidad democrática”, al acusar que fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para “descentralizar” a la Administración Pública Federal (APF), según argumentó.
Con ello, se dio luz verde a la desaparición del INAI y transfirió sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que, a diferencia del otro organismo, es dependiente del Gobierno Federal y no es autónomo. A la par, se creó el órgano Transparencia del Pueblo para encargarse del acceso a la información.
Otros de los argumentos para llevar desaparecer el INAI fue que, con las modificaciones, la administración pública se volvería más ágil y cercana a las necesidades de los mexicanos, y que la Secretaría Anticorrupción absorbería el 80% del trabajo que realizaba el INAI, pero con el 35% del costo de su estructura, generando un ahorro, aunque no se ha comprobado esta situación.
Parte del contenido de las leyes que extinguieron al INAI es que permiten clasificar información si se trata de proyectos “cuya divulgación afecte los intereses del Estado”, también permite reservarla “cuando represente afectaciones a la paz social”, declara como confidencial “cualquier denuncia o procedimientos administrativos contra servidores públicos”, lo cual deja al Ejecutivo Federal la autoridad para nombrar a quien presida el órgano, mientras que los recursos quedarán a cargo del organismo de “Transparencia del Pueblo” que dependerá del gobierno.
CT
Cortesía de El Informador
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