Las tecnologías inexorablemente condicionan el éxito de la transformación. Y su dependencia de las herramientas digitales ha quedado materializada en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
La modernización de la administración pública y el combate a la ciberdelincuencia, bajo un enfoque de seguridad nacional, requiere subsanar las deficiencias existentes y edificar una infraestructura crítica que ahora mismo ha quedado bajo control del mando civil, no del castrense.
La implementación de esta política es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia en sus funciones de seguridad nacional.
La estrategia nacional de ciberseguridad de la Cuarta Transformación sustituyó a la generada en el 2017, en las postrimerías del sexenio peñista. De ese primer esfuerzo por construir un ecosistema digital para enfrentar las amenazas cibernéticas emergentes, queda muy poco.
Y es que el epicentro institucional para enlazar al entramado institucional ha sido recolocado en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumió varias responsabilidades en materia de políticas de ciberseguridad en México.
Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo ubica a la Comisión Interministerial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Seguridad de la Información —instalada en 2023— como la instancia encargada de implementación de las políticas federales de ciberseguridad en toda la administración pública, incluido el Protocolo Nacional Estandarizado para la Gestión de Incidentes Cibernéticos.
El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos es gestionado por la Guardia Nacional y actúa como principal punto de contacto para la coordinación de incidentes de ciberseguridad ya sea que ocurran a escala nacional o internacional. También están activos el Laboratorio Forense Digital CIBERCOM-AM y Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
“La capacitación del personal policial y judicial en materia de pruebas digitales y delitos cibernéticos sigue siendo puntual”, consigna el reporte del BID, que apunta a la necesidad de programas más estructurados para atender futuros ataques cibernéticos. Tan solo en el 2024, reconoció la Agencia para la Transformación Digital, México registró más de 324,000 millones de intentos de ciberataques.
Este cambio de enfoque se vio reflejado en el reclutamiento del personal de nuevo ingreso a la ATDT y a la nueva Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde ya no dio entrada politólogos del ITAM y se buscó profesionales de escuelas públicas (CIDE y la UNAM, principalmente) que se abocarán a la integración de grandes volúmenes de datos para el procesamiento de toma de decisiones.
Y es que la disponibilidad de grandes bases de datos georreferenciadas ha posibilitado nuevos modelos de intervención y gestión inteligente en territorio. La minería de datos y la predicción de problemáticas, necesidades y comportamientos geográficos por medio del uso intensivo de técnicas de aprendizaje automatizado es el nuevo paradigma.
La integración de la estadística computacional y la ciencia de datos espaciales son deficitarias en el organigrama de las fuerzas federales. Sus mandos superiores han tenido que recurrir a otras alianzas —instituciones académicas y medios de información— para cubrir ese déficit en el corto plazo.
Efectos secundarios
EN LA PUJA. Tras el cierre de CI Banco, Intercam y Vector, ahora los interventores a cargo del tema están en la subasta de las sucursales de CI Banco. Se trata de un primer lote de más de 100 sucursales de las 205 que tenían a nivel nacional y que debe asignarse en breve. Entre los interesados destacan: Mifel de Daniel Becker, Bankaool de Moisés Chaves, Santander de Héctor Grisi y Kapital Bank de René Saúl.
Cortesía de El Economista
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