Amnistía Internacional (AI) denunció violaciones a los derechos humanos de inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC), en Texas, en un contexto en el que una de las prioridades del gobierno de Donald Trump son las deportaciones masivas. AI detalla ese escenario en el documento “Deshumanizados por diseño: Violaciones de derechos humanos en El Paso”, elaborado tras una visita de investigación a esa ciudad en abril de 2025, que incluyó entrevistas con 27 personas detenidas y reuniones con organizaciones locales.
“(El texto) revela maltrato generalizado dentro del EPSPC y destaca historias de una aplicación reforzada, y en ocasiones ilegal, de la normativa migratoria, así como el alarmante uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar a los venezolanos que buscan seguridad como miembros de pandillas y de alto riesgo, detenerlos y expulsarlos”, señaló la organización. “El gobierno de Trump está atacando descaradamente a nuestros amigos, vecinos y familiares inmigrantes y haciéndoles la vida insoportable”, declaró por su parte Amy Fischer, directora de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“Inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo y quienes han vivido en Estados Unidos durante años, están siendo detenidos en todo el país, se les niega el acceso a representación legal y al debido proceso, se los envía a centros de detención abusivos y, en algunos casos, se los hace desaparecer en una prisión de máxima seguridad en El Salvador”, detalló Fischer, remarcando que considera estas prácticas no solo como inhumanas, sino también ilegales.
Condiciones inhumanas
La publicación apunta que muchos de los entrevistados denunciaron no tener acceso a abogados, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros, lo que afectó su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios legales.
Un hombre de República Dominicana dijo a AI que estuvo en cuatro centros de detención en dos meses. “Cada vez que me trasladan, tengo que pasar por un proceso, y mi fecha de audiencia, el juez y el estado de mi caso cambian”, indicó, mientras que otros describieron la separación familiar, incluidos los cónyuges e hijos que quedaron sin apoyo, sin comunicación con sus seres queridos y con angustia mental.
Una persona venezolana detenida en el EPSPC declaró a AI que los ciudadanos de su país son tratados de manera injusta, al ser etiquetados como pandilleros sin ninguna prueba. “Había un hombre que fue tirado al suelo y golpeado por los guardias por colarse en la fila para la comida”, relato, al tiempo que dijo que otro venezolano fue a hablar con los guardias y volvió con la cara totalmente golpeada. “Los guardias no se acercan a la gente y son abusivos, pero si los molestas o algo así, te amenazan con enviarte a Guantánamo o a El Salvador”, subrayó.
AI concluyó en su informe que las condiciones en el EPSPC violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales. “Personas detenidas denunciaron malos tratos de los guardias, uso del régimen de aislamiento, espacios insalubres y superpoblados (incluidos aseos disfuncionales), asistencia médica insuficiente y comida vencida y de mala calidad“, precisó la organización.
Una ley del siglo XVIII
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798 y que actualmente utiliza el gobierno de Trump, autoriza al presidente de Estados Unidos a detener, encarcelar o deportar, sin juicio previo, a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Diseñada para aplicarse exclusivamente a extranjeros considerados una amenaza durante conflictos armados, le otorga al Ejecutivo amplios poderes discrecionales. Antes del regreso de Trump a la presidencia, la última vez que se había aplicado fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno estadounidense detuvo a inmigrantes provenientes de países con los que estaba en guerra, como Alemania, Italia y Japón.
A principios de mes, un juez federal de Texas declaró ilegal el uso que hace Trump de la mencionada ley para deportar a presuntos pandilleros venezolanos. El magistrado Fernando Rodríguez, designado por el propio expresidente, bloqueó cualquier deportación desde su distrito, en el sur de Texas, de supuestos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua bajo esa ley.
Si bien la Corte Suprema y varios tribunales de distrito ya habían frenado temporalmente expulsiones amparadas en esta norma por falta de garantías procesales, Rodríguez fue el primer juez federal en considerar directamente que su aplicación es ilegal. De todos modos, esto no impide que Trump continúe deportando migrantes en situación irregular mediante otras leyes migratorias, como lo hicieron durante décadas tanto gobiernos demócratas como republicanos.
Cortesía de Página 12
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