Al señalar que, en al menos 14 estados del país, autoridades han respondido a protestas pacíficas con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y discursos que buscan deslegitimar las causas que las originan, Amnistía Internacional (AI) llamó al Estado mexicano a garantizar el derecho a la manifestación pacífica.
“En los últimos años se ha observado una tendencia preocupante de represión y estigmatización de la protesta social”, expresó a través de un comunicado.
Enfatizó que la protesta pacífica es una forma legítima de exigir justicia cuando otras vías no han funcionado.
Sin embargo, dijo que la actuación policial no está guiada por estándares internacionales, lo que deriva en violaciones graves de derechos humanos.
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AI aseguró que En lo que va del año, la represión de las protestas sociales se ha observado en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Expuso que la represión de reuniones o manifestaciones pacíficas tiene otra peculiaridad y es que va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
“Las personas o comunidades recurren al derecho a la protesta pacífica para exigir el actuar de las autoridades ante ciertas problemáticas sociales”, dijo.
Ejemplos de marchas
Señaló que entre los ejemplos emblemáticos están las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia o la del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Indicó que las personas de comunidades originarias recurren también a ese derecho para defender sus tierras de la invasión de grandes empresas que buscan explotar sus recursos naturales en detrimento de poblaciones enteras.
Agregó que el 8 de marzo de 2025, mujeres que acudieron a las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, fueron agredidas en diversos estados del país. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó al menos 16 detenciones arbitrarias en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila; el uso de gas lacrimógeno en los estados de Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo.
Añadió que en este último estado también hubo golpes y encapsulamientos a mujeres. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León manifestantes protagonizaron diversos tipos de agresiones, incluso por redes sociales, en contra de las mujeres que protestaban.
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En agosto, en Puebla, policías detuvieron a cuatro mujeres que protestaban con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las mujeres fueron golpeadas y estuvieron desaparecidas por al menos seis horas.
En septiembre, en la localidad de Teteles, Puebla, 105 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, fueron detenidas por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales, con uso excesivo de la fuerza. Las estudiantes intentaban llamar la atención sobre problemas en los procesos de inscripción en dicha Escuela normal.
El informe
En 2021, Amnistía Internacional publicó el informe “México: La era de las mujeres”, en el que se detalla la represión y estigmatización a colectivas feministas que se manifestaban pacíficamente contra la violencia de género en Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato y Ciudad de México.
Las autoridades y algunos medios de comunicación, añadió, calificaron esas manifestaciones como violentas lo que generó un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimó su activismo y facilitó que tanto autoridades como particulares ejercieran más violencia en su contra.
Recordó que la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. “Cuando ese derecho está en juego, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar, sin discriminación, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, mencionó.
De acuerdo con diversos estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano está obligado a cumplir diversas directrices para que realmente haya en el país una garantía del derecho a la protesta. Entre ellas está el que debe de contar con un marco jurídico que proteja y garantice el derecho a la reunión pacífica.
Sin embargo, en los hechos Amnistía Internacional ha observado que delitos como la obstrucción a las vías públicas y oposición a la obra pública y otros de tipo ambiguo como motín, pandillerismo e incluso secuestro –incluidos en los Códigos penales federal y estatales– son utilizados para criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica.
El mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal. Las autoridades no deben criminalizar ni a quienes organizan ni a quienes participan en reuniones pacíficas. Además, las personas funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que busquen estigmatizar o incriminar a quienes simplemente ejercen sus derechos humanos.
Otra directriz tiene que ver con la facilitación de las manifestaciones pacíficas. Para ello el Estado debe contar con políticas y protocolos que guíen la actuación policial en las manifestaciones. La base de éstas debe ser la facilitación para que organizadores/as y participantes alcancen sus objetivos.
Otro aspecto importante en este tema es que las manifestaciones no deben ser vistas desde el principio como violentas. Además de que la actuación policial debe evitar que ocurran problemas y mantener una relación constructiva (y voluntaria) con sus organizadores y participantes.
Precisó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son emplazados en manifestaciones deben estar debidamente capacitados en la facilitación de éstas, lo cual implica que hayan recibido formación sobre las normas de derechos humanos; además, deben tener conocimiento de las leyes aplicables a las manifestaciones, así como habilidades efectivas de comunicación, negociación y mediación, entre otros temas.
Otras directrices del derecho internacional establecer que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben tratar las manifestaciones como una amenaza; las detenciones arbitrarias están prohibidas en todo momento; la táctica policial de contención, conocida como “encapsulamiento”, debe evitarse; las autoridades sólo podrán recurrir a la dispersión de una manifestación como último recurso; todo uso de la fuerza debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y no discriminación y las autoridades deben garantizar una supervisión adecuada de cómo se lleva a cabo la labor policial.
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MV
Cortesía de El Informador
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