La presidenta Claudia Sheinbaum cumple este viernes su primer mes en el Gobierno con retos significativos, como el aumento de la violencia en varias regiones del país y las polémicas por la aprobación de la reforma judicial y el consecuente paro de los trabajadores del sector.
Durante este periodo la violencia ha sido un tema central, especialmente en Chiapas y Sinaloa.
El asesinato del padre Marcelo Pérez, un sacerdote conocido por su labor humanitaria en Chiapas, el pasado 19 de octubre, se convirtió en un símbolo de la creciente inseguridad en la región y puso de relieve el clima de violencia en ese estado fronterizo con Guatemala, donde grupos delictivos luchan por el control de territorios.
El padre Marcelo había recibido amenazas previas, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora.
En Sinaloa, los conflictos entre los hijos del ‘Chapo Guzmán’ y los fieles de ‘El Mayo’ Zambada han escalado a niveles alarmantes desde la captura de este último por Estados Unidos, con la colaboración de los ‘Chapitos’, en julio.
Cientos de personas han muerto desde que empezaran los enfrentamientos en agosto y la situación de inseguridad parece continuar, haciendo imposible la vida normal de los habitantes de ese estado y con graves consecuencias para las economías locales.
Sheinbaum, la primera mujer que preside México, respondió con el envío a la zona de su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, y con un incremento de la presencia militar en la región, estrategia que algunos expertos califican como ineficaz.
La reforma al Poder Judicial
La reforma judicial promovida por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e impulsada por Sheinbaum ha sido un tema de controversia desde su aprobación en septiembre.
Establece la elección popular de jueces y magistrados, un cambio radical en la estructura del sistema judicial mexicano y, aunque el gobierno sostiene que busca aumentar la legitimidad y la transparencia en la administración de justicia, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los trabajadores del sector, que han declarado un paro laboral prolongado.
Más de 13,000 casos judiciales están actualmente en espera debido a este paro, lo que ha generado críticas por parte de la presidenta por continuar recibiendo sus salarios sin cumplir con sus funciones.
En respuesta, los jueces y magistrados han comenzado a organizar intervenciones mediáticas para expresar sus preocupaciones sobre la reforma, destacando que esta podría poner en riesgo la independencia judicial.
La situación ha llegado a un punto crítico, ya que la presidenta y los líderes del Poder Judicial se enfrentan en una pugna que ha desembocado en la dimisión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, junto a otros siete magistrados del máximo tribunal.
La reforma, aunque aprobada, aún enfrenta desafíos legales y resistencias que podrían complicar su implementación efectiva.
Con información de EFE
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Cortesía de Forbes
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