La organización civil Poder Ciudadano celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite un juicio de inconformidad electoral contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que se trata de un hecho inédito que abre la puerta al escrutinio constitucional sobre un proceso judicial que hasta ahora había permanecido fuera de revisión.
Poder Ciudadano argumentó que la elección de los magistrados fue “viciada de origen y manipulada desde estructuras partidistas”, lo que —según la organización— contradice los principios de imparcialidad e independencia judicial que deben regir a la justicia electoral. “Por ello, también recurrimos a la entrega de constancias de mayoría respectivas”, precisó la ONG.
En un comunicado, la organización calificó como un “precedente histórico” que la SCJN, a través de su ministra presidenta Norma Piña, haya dado entrada al juicio y turnado el caso a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien elaborará un proyecto de resolución.
“Desde Poder Ciudadano reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los principios y valores que caracterizan a un Estado democrático y de derechos. Confiamos en que la SCJN reconocerá y protegerá los derechos políticos de la ciudadanía y resolverá de manera imparcial y justa nuestra demanda”, explicó el texto.
Además, se dio a conocer que el plazo para resolver este recurso, interpuesto por Gabriela Sterling, presidenta Poder Ciudadano, vence el 28 de agosto, de acuerdo con los tiempos marcados por la legislación vigente.
La demanda también cuestiona la sumatoria nacional de los resultados de la elección judicial, así como la declaración de validez de los comicios en los que se designaron a las nuevas magistraturas electorales. No obstante, la procedencia del juicio podría enfrentarse a un obstáculo legal, ya que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que únicamente los candidatos participantes en la elección están facultados para presentar este tipo de recursos.
Además de este caso hay otro pendiente que es fue promovido por Iván Bravo Olivas, quien participó como candidato y presentó su inconformidad por los resultados del cómputo distrital del Instituto Nacional Electoral. Este primer juicio (1/2025) fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: