Apoyo de Sánchez a protesta por Gaza desata batalla

Madrid, España. La última etapa de la Vuelta a España fue suspendida el domingo en Madrid tras masivas manifestaciones propalestinas, contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, que irrumpieron en el recorrido ciclista e impidieron la llegada de los corredores a la capital. La protesta, marcada por consignas contra Israel, derivó en un nuevo enfrentamiento político y diplomático entre el gobierno español y el israelí.

Horas antes de los incidentes, el presidente Pedro Sánchez expresó su “orgullo” y “admiración” por los manifestantes, declaraciones que la oposición consideró una incitación a la alteración del evento deportivo.

Estas declaraciones fueron realizadas al líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular.

“El Gobierno ha permitido e incluido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X Núñez Feijóo.

Tras la suspensión de la prueba, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue más lejos al afirmar que Israel “no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio”, y celebró que la sociedad española “diera una lección al mundo” paralizando la Vuelta.

La reacción de Israel fue inmediata. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de haber alentado las protestas para detener la carrera y calificó al mandatario y a su gobierno como “una vergüenza para España”.

El domingo en Madrid, más de 1,000 agentes de policía estaban de servicio mientras los ciclistas llegaban a la etapa final de la carrera de 21 días, el mayor despliegue desde que la capital española acogió la cumbre de la OTAN en 2022.

Escala tensión

El episodio agrava las tensiones entre ambos países, ya marcadas por la decisión de Sánchez de promover iniciativas internacionales para frenar la ofensiva israelí en Gaza.

España, junto con Irlanda y Noruega, reconoció el año pasado un Estado palestino, lo que provocó la airada respuesta de Israel, que dijo que equivalía a una “recompensa al terrorismo”.

Cortesía de El Economista



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