La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente y extender el mandato presidencial de cinco a seis años. Esto se logró gracias a los votos del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y sus socios en el Parlamento.
En un trámite exprés, los 57 diputados oficialistas, de una Asamblea Legislativa de 60 escaños, decidieron permitir la “reelección sin reservas”, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
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Fuegos pirotécnicos estallaron en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, mientras los legisladores ratificaban la reforma constitucional en una segunda sesión plenaria convocada por la noche, en una expedita entrada en vigor. “Gracias por hacer historia, colegas diputados”, dijo el jefe legislativo, Ernesto Castro, del gobernante partido Nuevas Ideas.
El Congreso también acortó en dos años el actual mandato presidencial —que concluía en 2029— para celebrar elecciones generales en marzo de 2027, en las cuales podrá participar Bukele tras quedar habilitada la reelección presidencial indefinida.
Bukele goza de enorme popularidad por su “guerra” contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. Pero su política de seguridad está basada en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial.
La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
La diputada oficialista Ana Figueroa, quien presentó la reforma, celebró que los salvadoreños ahora “van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”.
“Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, dijo por su parte en el plenario la opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones: “Son unos cínicos”.
Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), con la reelección indefinida El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió en la red social X.
“Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe”, comentó a la AFP el coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
El Gobierno de Bukele detuvo en mayo y junio pasado a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental.
La organización donde trabajaba López, Cristosal, partió recientemente al exilio tras denunciar una “escalada represiva”.
Los grupos de derechos humanos aseguran que Bukele usa contra sus críticos, para acallarlos, el régimen de excepción que mantiene desde hace tres años en el país, y que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.
Bajo el estado de excepción, unas 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices han sido arrestadas. Según oenegés como Cristosal y Socorro Jurídico, miles han sido arbitrariamente detenidos y unos 430 han muerto en prisión.
Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.
Al presidente salvadoreño Nayib Bukele no le preocupa que lo tachen de “dictador”, inclusive se ha autoproclamado en redes sociales como el “dictador cool”. Con una gran popularidad por su guerra contra las pandillas y un poder casi absoluto en el país centroamericano, ahora tiene el camino libre para buscar su ansiada reelección sin límites.
Orgulloso de llamar “amigo” al presidente estadounidense Donald Trump, este publicista de 44 años, que gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un aplastante 85% de los votos, adoptó en los últimos meses un aire ya no tan “cool”.
Durante cuatro meses mantuvo a 252 venezolanos que deportó Trump encarcelados en su megaprisión para pandilleros, donde dijeron haber sido víctimas de torturas y abusos.
En mayo y junio su gobierno detuvo a activistas de derechos humanos y abogados que lo han cuestionado. La más destacada, Ruth López, de la oenegé Cristosal, denunciaba supuestos casos de corrupción y la política de seguridad de Bukele.
“¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador”, dijo el pasado 1 de junio en el discurso del primer aniversario de su segundo mandato.
Decenas de activistas humanitarios y periodistas han partido al exilio en los últimos meses, pero Bukele asegura haber abierto una nueva era en El Salvador.
A pesar de dichas acusaciones, y polémicas, su fama ha sobrepasado fronteras y en otros países del continente saltan voces que piden “un Bukele” para frenar la delincuencia.
De pelo engominado y barba cuidadosamente recortada, suele vestir jersey ajustados. Nunca corbata. En sus apariciones públicas, cuida la escena para imágenes estilo postal.
Desde antes de ser presidente catapultó su imagen a través de las redes sociales, en las que suele escribir en inglés.
Hace importantes anuncios vía X, donde se autodenominó “dictador cool” y “Philosopher king” (rey filósofo), y se burla de sus críticos.
Popularizó la frase “el dinero alcanza cuando nadie roba”, pero sus adversarios le reprochan que no rinde cuentas a nadie y lo acusan de corrupción.
“Un fenómeno de culto que se instaló en el país”, gracias a su maquinaria mediática en redes sociales, resume el director de Investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo.
Bukele inició su carrera política en el 2012 y bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda surgido de una coalición de organizaciones guerrilleras que lucharon en la guerra civil de El Salvador, fue alcalde poblado de Nuevo Cuscatlán y de la capital salvadoreña de 2015 a 2018.
El ahora presidente salvadoreño fue expulsado de ese partido en el 2017 tras un incidente con una concejala. Luego escaló a la cima del poder en el 2019 tras conectar con jóvenes y personas decepcionadas de los dos partidos tradicionales que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).
Al momento de asumir el poder decía que no se consideraba “ni de derecha ni de izquierda”, pero poco a poco fue adoptando posturas conservadoras, siendo la última su lealtad a Donald Trump.
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Cortesía de El Colombiano
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